Todos los absolutismos, como sistemas políticos, tienen como denominador común dos características: primero que quien gobierna no tiene limitación alguna por parte de ninguna instancia; y segundo, que la historia muestra que muchísimos regímenes absolutistas terminaron violentamente, pues está en el ADN del autócrata que una vez se hace con el poder (todo el poder) no lo entregará jamás de buen grado.
Aunque, con respecto a esta segunda característica, se han dado en la historia algunas variaciones (una especie de dinastía), en la que el poder fue pasando de padres a hijos, a hermanos, o incluso a marionetas cuyos hilos siguió moviendo tras bambalinas el gobernante real (en el sentido de realeza, y en el sentido de realidad…).
Como en el absolutismo político el poder es detentado solamente por una persona, este régimen es diametralmente opuesto a la democracia representativa, pues para que un pueblo piense unánimemente y desaparezcan las inherentes diferencias que implica el ejercicio de la libertad, es necesario que no se piense en absoluto, o que –sistemáticamente- se repriman las disidencias.
Del gobernante absoluto, pues, emanan todos los poderes. El dicta leyes (personalmente o a través de un órgano legislativo sumiso), él administra el Estado, él se arroga la gestión de la justicia.
Como es imposible que las cualidades de una persona sean tales que todos sin excepción acepten que le “corresponde” gobernar, los absolutistas suelen poner el fundamento de su mandato en algún dios (situación típica de las teocracias); o en el “pueblo” que es, precisamente lo que por definición caracteriza al populista: ese que toma el mandato popular como justificación para hacer lo que se le venga en gana.
Luis XIV en Francia, Fernando VII en España, Nicolás II en Rusia, son típicos casos de monarcas absolutistas, cuyos regímenes terminaron violentamente. Del rey español se ha escrito que se le consideraba “sin escrúpulos, vengativo y traicionero. Rodeado de una camarilla de aduladores su política se orientó, en buena medida, hacia su propia supervivencia”.
No estamos hablando de totalitarismo, que se da cuando no es una persona, sino el aparato del Estado (generalmente por medio de un partido político), el que acapara el poder y empapa de una ideología determinada todas las actividades sociales; sino de absolutismo. Al autócrata no le interesa imponer control o influencia sobre todas las actividades de la sociedad, sino solamente detentar el poder político sin trabas de ningún tipo (ni legales, ni judiciales, ni militares, ni administrativas, ni periodísticas)… se “conforma” con ejercer una autoridad que nadie ose cuestionar.
Por supuesto que al gobernante absolutista la ley le hace los mandados, pues tal como dice la expresión clásica “prínceps legibus solutus est” (el gobernante no está sujeto por ninguna ley); más aún: él es la fuente de las leyes. Ejemplo paradigmático de lo anterior es el modo como Enrique IV de Castilla solía encabezar pretenciosamente sus documentos: “E yo de mi propio motu é ciencia é poderío real absoluto…”
Entonces, cualquier abuso, cualquier injusticia, se argumenta cínicamente como una necesidad impuesta por “razón de Estado”, si no es que simplemente se alega que se hace la voluntad del “pueblo” a quien, por supuesto, jamás se le da cuenta de acciones y decisiones.
Cada sistema político depende de un contexto histórico muy complejo, por eso querer identificar el absolutismo clásico sin más, con regímenes en los que ha desaparecido la separación de poderes, y se ha concentrado toda la autoridad en una sola persona, familia, partido, sería una simpleza.
Sin embargo, qué se le responde a alguien que piensa que si el presidente está para mandar… ¿qué problema hay que mande totalmente; no será más eficaz su gestión si aplasta a los opositores? La respuesta la da la historia: una y otra vez enseña cómo el poder corrompe, y el poder total (propio del absolutismo) corrompe totalmente.
Ingeniero/@carlosmayorare