Hablemos de treguas. Hablo de conocimiento de causa, porque fui parte del equipo de mediadores de la tregua del 2012. Dialogamos intensamente con las pandillas durante 15 meses, desde marzo 2012 hasta mayo 2013. Primero, para llegar a un acuerdo de cesar la guerra fratricida entre las diferentes pandillas. Luego, para dar mantenimiento de cese al fuego; para desarmar viejas y nuevas hostilidades; y para intentar transformar la tregua en un proceso de pacificación sostenible. Con esta última meta fracasamos, por falta de apoyo del gobierno, el cual a finales de mayo del 2013 incluso declaró la guerra a la tregua y se puso a desarmar el esquema de la mediación. Así el gobierno provocó un conflicto sangriento con las pandillas, promoviendo incluso ejecuciones extralegales a manos de policías, soldados y civiles. Todos recordamos las matanzas del 2015.
La mediación de los años 2012/13 tuvo una característica que vale la pena recordar: Fue pública. A partir de finales de marzo 2012, una vez que la tregua se transformó de un acuerdo entre los liderazgos de las pandillas en los penales en un concepto aceptado por todos los cabecillas regionales y locales, los mediadores informaron al país. Pusimos nuestras caras, enfrentamos a los medios de comunicación y la opinión pública. Convocamos docenas de veces a los periodistas para explicar los logros y los problemas de la tregua. Los periodistas tuvieron acceso incluso a nuestros interlocutores en las pandillas, tanto los encarcelados como los responsables en los terrenos. Nos reunimos con organizaciones religiosas, empresariales y ciudadanas para explicarles el proceso que estábamos tratando de encaminar a una construcción sostenible de paz social.
Muchos de los involucrados en este proceso pagamos caro esta transparencia, cuando el nuevo ministro de Seguridad (Ricardo Perdomo) y el Fiscal General (Luis Martínez) pasaron de la crítica a una política pública a la persecución penal de los ciudadanos y funcionarios que la habían implementado. Hubo dos juicios contra más de 20 acusados. Ambos terminaron con sentencias claras de absolución de todos los delitos que la fiscalía había formulado. Sin embargo, al principal mediador, Raúl Mijango, le levantaron dos cargos más, y al final terminó condenado a 12 años de prisión en un caso confuso de extorsión, en el cual había servido de mediador entre una empresa y los pandilleros –¡a petición de la empresa! Este servidor tiene pendiente un juicio, en el cual me acusan de haber entregado dinero a los pandilleros, cuando lo que hice fue tratar de convencerlos de que no hagan ningún pacto electoral con ningún partido.
Este es el precio que pagamos por siempre poner la cara por los diálogos y entendimientos con las pandillas en el contexto de la tregua del 2012/13. Aun así, estoy convencido que fue lo correcto, que un proceso tan delicado tiene que ser transparente, y que los mediadores, aunque sean independientes, tienen que rendir cuentas a la ciudadanía.
En cambio, los funcionarios del gobierno actual, quienes desde antes de la toma de poder comenzaron a negociar con las pandillas, y quienes desde sus posiciones claves en el aparato de seguridad pública mantienen estas negociaciones secretas hasta la fecha, no han rendido cuentas a nadie. Uno de ellos, Mario Durán, se postuló como candidato a alcalde de San Salvador, sin jamás explicar a la ciudadanía cuáles fueron los acuerdos que contribuyeron al triunfo de Nayib Bukele, y cuáles fueron los acuerdos que han llevado a la reducción de homicidios durante todo el tiempo que este gobierno está en el poder. Como ministro de Gobernación, Durán fue el responsable directo de la “Dirección de Reconstrucción del Tejido Social”, cuyo jefe Carlos “El Slipt” Marroquín es uno de los negociadores del gobierno con las pandillas, junto a quien fue su segundo en este dirección y ahora es candidato a diputado, Denis Salina; y además al Director General de Centros Penales, Osiris Luna, y su vicedirector, Carlos José Aparicio Chévez. Son ampliamente documentadas las visitas secretas de estos altos funcionarios de Seguridad Pública a los penales de alta seguridad en Izalco y Zacatecoluca.
El gobierno mantiene su silencio sobre las negociaciones y sus mentiras sobre su Plan Control Territorial. Según las versiones oficiales, este plan policial es responsable de la reducción de los homicidios. Todos los expertos en Seguridad Pública independientes del gobierno coinciden que este plan, que de todos modos nunca fue detallado, no puede ser responsable de las cifras bajas de homicidios, sino que se deben a una decisión de las pandillas.
La otra gran diferencia entre la tregua del 2012 y la actual: La primera fue una tregua entre las pandillas. La actual parece ser una tregua entre el gobierno y las pandillas.
Periodista.