Hace poco tuve una controversia amable con una gran amiga (qué bueno que no siempre pensamos igual). Muchos dijimos que el fiscal general había desinformado, igual que el presidente de la República, en el caso Intratext, diciendo que se trataba de una evasión de $293 millones, cuando el mismo requerimiento fiscal habla de $5.33 millones. Ella dijo que fue un error, que el fiscal general ya había admitido y que es diferente a desinformar, es decir, dar una información mala a propósito. Yo le contesté que “El problema es que no le creemos. Bukele cometió el mismo ‘error’. Difícil creer en coincidencias…”.
Pensándolo bien, llego a la conclusión de que mi amiga puede haber tenido razón. A lo mejor el fiscal general no estaba mintiendo conscientemente; simplemente no conocía el fondo del caso. Por una simple razón: es uno de los casos que no nacen de una investigación propia de la Fiscalía, sino de una supuesta investigación de una entidad del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Hacienda. El ministerio llevó esta caso, con toda la documentación, a la Fiscalía. Hasta ahí no hay problema: el gobierno, como cualquier otro, puede hacer llegar demandas o avisos a la Fiscalía. La cosa se vuelve problemática cuando la Fiscalía no hace su trabajo y no hace su propia investigación, antes de presentar cargos ante un juzgado.
Lo que tiene que hacer la Fiscalía (y lo tiene que asegurar el fiscal general) es someter la documentación entregada por un ministerio a un minucioso examen, incorporando otros elementos, incluyendo elementos de descarga. ¿Por qué es tan crucial e indispensable esto? Porque los ministerios son entidades políticas cuya acción puede estar contaminada por intereses partidarios, sobre todo en una situación tan polarizada como lo ha creado la administración Bukele en el país, y aún más cuando se acercan elecciones.
Este examen la Fiscalía no lo ha hecho en el caso Intratext, en el cual el gobierno acusa a una empresa bajo régimen de zona franca de evasión de impuestos -con gran despliegue propagandístico, en el cual sistemáticamente mencionan el nombre de Javier Simán. Ni siquiera ha examinado si el caso que le entregó el Ministerio de Hacienda cumple un requisito indispensable: que todos los pasos administrativos ante el Ministerio, ante el Tribunal de Apelaciones y ante la Sala de lo Contencioso estén agotados antes de que la Fiscalía pueda tomar acción penal. Ni hablar del examen de los datos que el Ministerio de Hacienda entregó a la Fiscalía. El hecho de que la Fiscalía y su titular se pudieron equivocar tan drásticamente con el monto de la presunta evasión ilustra esto. Confundir los $293 de ganancia presuntamente gravada con los $5.33 millones impuesto que presuntamente había que pagar sobre este monto no es un errorcito que puede pasar a cualquiera, sino muestra un profundo desconocimiento del caso que acaban de presentar al juzgado, incluso emitiendo una orden administrativa de captura y tratando al gerente de la empresa como si fuera un capo como el Chapo.
El mismo comunicado con el cual la Fiscalía rectifica su “errorcito” de los $293 millones demuestra que los fiscales no tienen conocimiento propio del caso y sus datos, sino simplemente dependen de lo que el ministerio les entregó. Dice: “De acuerdo al aviso entregado por el ministerio de Hacienda, se evadió el pago de impuesto sobre la renta por no haber declarado $293 millones en concepto de ingresos gravados…”. Ojo, no dice “de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía”. La cosa es que no había investigación propia, apenas comienza, pero no antes sino después de presentar la acusación y ordenar una captura.
Lamentablemente, no es un caso aislado. La misma negligencia se muestra en el caso de la permuta de armas, donde la Fiscalía acusó y mandó a arrestar a Gustavo López Davidson, dueño de la empresa de armas Centrum, y los ex ministros de Defensa, Atilio Benítez y David Munguía Payés. El mismo esquema: el presidente acusa mediáticamente a López Davidson, en este momento presidente de ARENA; el ministerio hace una “investigación interna” y entrega toda una documentación a la Fiscalía para avisar de delitos cometidos. La Fiscalía, sin hacer un examen minucioso de los datos, documentos, testimonios que entregó el ministerio de Defensa, redacta un requerimiento fiscal basado en las “pruebas” proporcionadas por el gobierno y abre ante un juzgado la acción penal.
El fiscal general, como máximo y único responsable de las actuaciones de todos sus fiscales adjuntos, tiene que poner a funcionar un mecanismo riguroso y confiable de examinar todos los casos antes de autorizar la acción penal. Sobre todo dos clases de casos: los que ha heredado de administraciones anteriores de la Fiscalía General; y los casos cuya documentación proviene de entidades interesadas y posiblemente motivadas por intereses políticos-partidarios. Si el fiscal general no instituye este tipo de filtros, no solo se hace culpable de negligencia sino posiblemente de complicidad en intentos de usar la justicia con fines políticos.
Y la otra conclusión: Si en la Fiscalía no funcionan estos filtros, se vuelve más indispensable que los apliquen los medios de comunicación y los jueces.
Periodista.