Desde que empezó la pandemia, la crisis migratoria que tanto abate a los países centroamericanos se vio inevitablemente opacada por la amenaza sanitaria que trajo consigo el COVID-19. Si bien la pandemia está muy lejos de terminar en nuestro país, el tema de los flujos de personas que van rumbo a Estados Unidos de forma ilegal ha despertado de nuevo en estas últimas semanas. Tan solo a mediados de enero de este año, se arrestaron a tres personas por presuntamente organizar caravanas migratorias con la intención de unirse a la hondureña, la cual partió el 15 de enero.
¿Pero por qué hasta ahora? Primero, y más evidente, menos personas habían estado viajado al Norte por miedo al contagio de coronavirus y por el fortalecimiento preventivo de las fronteras. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el número de migrantes aprehendidos en las fronteras de México y Estados Unidos en el 2020 se redujo drásticamente entre marzo y abril, pero los números comenzaron a subir y a normalizarse para agosto de 2020. En segundo lugar, con el final de la administración Trump, varios centroamericanos han visto a Biden como una figura más accesible o flexible con respecto a las políticas migratorias, lo que brinda una falsa esperanza para muchos.
Ahora bien, esto último es un problema. A principios de año, Joe Biden planteó una ambiciosa propuesta de política migratoria: la Ley de Ciudadanía Estadounidense, con la cual se le podría estar dando ciudadanía a millones de indocumentados. Al mismo tiempo, el demócrata se comprometió a dar un trato más humanitario a los inmigrantes y más oportunidades para aquellos que deseen superarse. Por más alentador que suene este mensaje, muchos centroamericanos lo han tomado con un llamado o un aliento a seguir el sueño americano, desembocando en el llamado “efecto cobra”.
Cuando la India era una colonia del Imperio Británico había una abundancia preocupante de serpientes cobra. En vista de esto, las autoridades inglesas dieron una recompensa por cada cobra muerta que los pobladores les trajeran. Sin embargo, no contaron con que las personas comenzarían a incluso criar cobras con tal de recibir aún más retribuciones, con lo que la población de cobras creció y la plaga inicial simplemente empeoró. Del mismo modo, las buenas intenciones del presidente Biden han desatado un repunte en las migraciones, las cuales han llegado a su máximo de los últimos dos años con incluso cuatro mil detenciones diarias en marzo según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de México.
Ahora bien, aún si las promesas del presidente Biden han tenido un efecto contrario al buscado, esto no quiere decir que vaya por mal camino. Dignificar el trato que se le da a los inmigrantes y brindar oportunidades a personas que puedan aportar a la economía estadounidense no es suficiente para detener los flujos migratorios, pero ciertamente es algo necesario. Para realmente combatir la crisis fronteriza hay que orientar los recursos y las estrategias en los verdaderos causantes de esta problemática, algunos de los cuales han sido identificados por la administración Biden como la corrupción y el irrespeto a las instituciones democráticas. Este es un enfoque completamente diferente al implementado por el expresidente Trump.
Durante la administración Trump, Estados Unidos firmó acuerdos de “tercer país seguro” con todos los países del Triángulo Norte, con lo que buscaba “darle solución a la crisis migratoria”; sin embargo, este documento solo volvió a El Salvador un centro de asilo para personas deportadas de otros países como Guatemala y Honduras para que Estados Unidos no se hiciera cargo de ellas. En general, el gobierno salvadoreño se comportó muy complaciente a los caprichos de Washington y, a cambio, el gobierno estadounidense no cuestionó en ninguna medida la dirigencia del presidente Bukele y nunca condicionó el apoyo que recibiría nuestro gobierno. Un claro ejemplo fue la gran cercanía que había entre el exembajador Ronald Johnson y el presidente Bukele comparada con la de el actual embajador Brendan O’Brien, con quien ha estado en lados opuestos del debate público en más de una ocasión.
En vista de la creciente incertidumbre política y las denuncias de corrupción, el gobierno estadounidense designó a Ricardo Zúñiga como encargado de evaluar la situación del Triángulo Norte centroamericano con el objetivo de buscar una solución para el problema migratorio. Su principal misión será responsabilizar a las autoridades de los tres países y combatir grandes asuntos como la corrupción y el abuso de poder. Por su parte, el presidente Bukele ha declarado no estar muy de acuerdo en que se trabaje el problema a nivel de región, o al menos que no se trate a El Salvador por los mismos problemas como a Guatemala u Honduras, justificándose en que ya se ha hecho bastante reduciendo los niveles de violencia en el país. Si bien esto es cierto, está bastante claro que al gobierno no le conviene que haya una lupa internacional buscando abusos de poder y comportamientos autoritarios, porque claramente los encontrarán. No han sido pocas las veces que Bukele ha sido reprochado por el ala demócrata, lo cual también explica el reciente apego de Bukele al líder conservador Tucker Carlson.
En resumidas cuentas, si bien la nueva administración Biden ha causado indirectamente un repunte enorme en el número de migrantes, el gobierno estadounidense está poniendo manos en el asunto al intentar combatir la corrupción centroamericana y así detener las causas de la migración. Ahora, los líderes del Triángulo Norte están en constante vigilancia internacional y, al menos en el caso de Bukele, sus constantes roces con la bancada demócrata y sus desentendimientos con el actual embajador no parecen ser un buen presagio.
Estudiante de Licenciatura en Economía y Negocios
Miembro del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)