Los empresarios celebraron el XIX Encuentro Nacional de la Empresa Privada. Se trata de un cónclave que nació en el año 2000 con la finalidad de servir como plataforma de la ANEP para presentar medidas sectoriales y de país.
El impacto mediático de este evento es indiscutible. Los funcionarios lo saben y aprovechan el escenario para rendir cuentas de su gestión.
La temática ha venido ensanchándose anualmente. Inició con un claro predominio de los aspectos que podrían mejorar el crecimiento económico y la competitividad del país. Luego evolucionó hasta incluir acciones encaminadas a fortalecer la democracia y el sistema político. En 2012 sirvió de tribuna para la conformación del movimiento ciudadano “Aliados por la Democracia”. Esta agrupación, que contó con la participación de decenas de organizaciones de la sociedad civil, empujó la reforma electoral y la despartidización de las instancias que forman parte del sector justicia.
Por el ENADE pasaron los últimos cuatro presidentes de la República. Desde Francisco Flores hasta Salvador Sánchez Cerén. Todos, sin excepción, con menos o más convicción, han aprovechado esta audiencia para hacer anuncios relevantes y han ofrecido trabajar coordinadamente con el sector empresarial. También ha sido el momento de reclamar a los legisladores un apoyo más decidido a las iniciativas del Ejecutivo. Las ediciones más interesantes son las que coinciden con el inicio y con el final de los respectivos mandatos. En este último momento es posible contrastar las promesas iniciales con lo efectivamente ejecutado.
Si existiera un “libro blanco” que registrara las propuestas incluidas en los documentos de ENADE y las concretadas por los Gobiernos, ciertamente habría un déficit considerable. Sin embargo el éxito de esta convención empresarial no puede medirse exclusivamente en base a las políticas públicas que se ponen en marcha. También es una oportunidad para que los mandatarios se comprometan públicamente a respetar la Constitución, a promover el Estado de derecho y a fortalecer las instituciones democráticas.
La de 2019 quedará asentada como una edición singular. Por primera ocasión asiste un gobernante que no proviene de los partidos que administraron a la nación por treinta años. En ninguno de los encuentros anteriores el Presidente ingresó al salón acuerpado por grandes empresarios ni siquiera en las administraciones de ARENA. Después de diez años los asistentes entraron al hotel sede sin los contratiempos causados por las protestas protagonizadas por la militancia del FMLN. La última peculiaridad fue que los presidentes de los Órganos Legislativo y Judicial no suscribieron ningún pacto con los empresarios.
Cada uno de estos rasgos provoca una breve reflexión. El presidente les dijo a los empresarios que no era de izquierda ni de derecha ni del centro. Es una afirmación consecuente con los mensajes que utilizó durante la campaña política. En teoría quedó atrás la posibilidad de alinearse con el “socialismo del siglo XXI”. Tampoco se implementarán ideas que podrían ser tildadas como “neoliberales”. Falta, no obstante, un plan que permita comprobar la visión estratégica del Gobierno. El anunció de reducir los trámites, agilizar los permisos para nuevas inversiones, promover al país como un destino privilegiado para practicar el surf y la construcción de obras estratégicas de infraestructura es positivo pero no suficiente. Se trata de proyectos aislados, todos relevantes, pero sin un hilo conductor que nos sirva para entender el rumbo que la administración Bukele quiere imprimir a El Salvador.
Para este propósito son necesarias instancias permanentes de diálogo. La confianza que han dispensado algunos de los grupos empresariales más importantes es una buena noticia. Sin embargo, las discusiones para alcanzar el desarrollo nacional no pueden ser bilaterales. Lo recomendable es retomar espacios como el Consejo Económico y Social, el Consejo Nacional de Seguridad y crear foros especializados en temáticas vinculadas al medio ambiente, a la educación y a la salud.
En el pasado reciente abundaron los carteles reclamando mejores pensiones e incrementos salariales y sendos rechazos a la supuesta privatización del agua. Terminaron los gobiernos del FMLN y en los alrededores del hotel donde se concentraron los funcionarios, la sociedad civil y los empresarios reinaba la calma. Aquellas expresiones que probablemente fueron consecuencia de la manipulación deben ser sustituidas por manifestaciones espontáneas que revelen genuinos reclamos de la población.
Por último habría sido deseable que en el convenio suscrito por el mandatario y la ANEP estamparan su firma los presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. Su intervención como garantes del principio de separación de poderes debe ser incuestionable. En los discursos de Luis Cardenal y Nayib Bukele destacó la imperiosa necesidad de cuidar el sistema democrático. Ese aspecto, con seguridad el más relevante de todo lo dicho en el ENADE, tiene que ser vigilado celosamente por el máximo tribunal de justicia, controlado políticamente por los diputados y auditado especialmente por la ciudadanía.
*Doctor en Derecho y politólogo