¿Progreso o autoritarismo?

El #9F nos inquieta a todos. También las evidentes arbitrariedades que presenciamos durante el confinamiento por el COVID-19, los arrebatos del mandatario en contra de la libertad de prensa y su resistencia a cumplir las resoluciones de las instituciones de control. Confiamos en que el presidente sabrá entender que las circunstancias han cambiado

Mar 17, 2021- 20:07

No todo está mal ni todo se hizo en forma irregular en el pasado. La narrativa del gobierno acerca de la “mala política” ha demonizado el trabajo de las administraciones anteriores. Conviene saber que varios proyectos estratégicos, en su mayoría de infraestructura vial, fueron iniciados en quinquenios anteriores. El reto del presidente y de sus ministros será construir o concluir la obra, administrar en forma transparente los recursos y permitir auditorías por parte de las instituciones de control. En materia democrática no es aceptable afincar la idea, particularmente entre las nuevas generaciones, que “la historia comenzó en junio de 2019”. La paz, la alternancia en el poder, el fin de la ruptura violenta del poder político y las elecciones libres, periódicas, limpias y justas allanaron la edificación de nuevos espacios políticos y despejaron otros derroteros para seguir transformando al país.
Se crearon instituciones, se forjaron relaciones exteriores y comerciales con otros Estados, instrumentos internacionales, avances en derechos sociales, vínculos con organismos financieros multilaterales, adelantos en el ámbito de la transparencia, el acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción y notables mejoras en el desarrollo económico y social que han evolucionado durante los últimos 30 años.
Las prácticas indecentes, los liderazgos oscuros y la corrupción del pasado, del presente y del futuro deben ser denunciados y erradicados. Ese afán requiere de nueva legislación y de funcionarios independientes que procesen a los responsables. También es indispensable el respeto del debido proceso y de las garantías que detentan los señalados evitando que las causas sean iniciadas por venganza y sin motivación jurídica. No es ni será admisible, bajo ningún punto de vista, la persecución política.
Las posibilidades que los indicadores económicos, sociales, de facilidad para hacer negocios, de inversión nacional y extranjera, de nuevos empleos y de endeudamiento público, entre otros, presenten una recuperación notable son factibles y ciertamente realizables. Con la mayoría de diputados y en franca relación con el sector empresarial, el presidente Bukele puede impulsar políticas públicas, proyectos y programas existentes lo mismo que generar sus propias iniciativas. Si el gobernante transita por la ruta del diálogo, con una visión y rumbo planificados y, a falta de plan de gobierno, retoma las estrategias, estudios y propuestas de gremiales empresariales, centros de pensamiento, organizaciones ciudadanas y movimientos sociales, que mantienen su vigencia, detonará una explosión de progreso sin parangón.
Un proceder inverso que irrespete la Constitución, estimule el odio y la división de la sociedad, flagele el Estado de derecho, debilite la división de poderes, deteriore la independencia de las instituciones, pervierta a las autoridades de seguridad pública, corrompa la naturaleza de la Fuerza Armada, restrinja aún más la libertad de prensa, fracture la transparencia y se dedique a perseguir a los que considera como enemigos del gobierno, podrá “favorecerle” de forma temporal en el plano político, particularmente con la concentración de más poder, pero significaría un grave menoscabo de la gobernabilidad, un claro retorno a la época anterior a 1992 y una alerta que activaría a la comunidad de las naciones.
El caudal político acumulado por el mandatario, su sentido común, las advertencias de la administración Biden y la complicada situación fiscal y económica, agravada por los efectos de la pandemia, nos alientan a pensar que el presidente se decantará por la primera opción, la de usufructuar la potestad que le otorgaron los electores el 28 de febrero empleando las mayorías legislativas para convertir a El Salvador en “el país milagro”, término que utilizó el gobernante cuando, a pocos días de la toma militar de la Asamblea Legislativa, se reunió con Ricardo Hausmann, Director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
El #9F nos inquieta a todos. También las evidentes arbitrariedades que presenciamos durante el confinamiento por el COVID-19, los arrebatos del mandatario en contra de la libertad de prensa y su resistencia a cumplir las resoluciones de las instituciones de control. Confiamos en que el presidente sabrá entender que las circunstancias han cambiado; que la “tiranía” de las mayorías y un comportamiento autoritario agrietarán su proyecto político; y que, a diferencia de otras latitudes, en las que abundó el dinero para explotar el populismo y el clientelismo político, en nuestro caso, un desacertado “movimiento de ajedrez” podría terminar con el juego democrático, afectándonos a todos.

*Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona

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