“Simulación de elecciones”. Esta apreciación política cayó como una sentencia definitiva pronunciada por Josep Borell, el Alto Representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea.
El jefe de la diplomacia europea afirma claramente la posición de la UE sobre los comicios afectados por una multitud de maniobras que concluyeron con la exclusión de los candidatos representativos, de la oposición al régimen orteguista, tanto como el control del aparato policial y judicial.
¿Y qué decir de lo económico y productivo? La Nicaragua de Daniel y Rosario Murillo está sometida a un régimen que parece el hermano gemelo del de Anastasio Somoza, derrocado por la revolución en julio de 1979 y que el mismo Ortega combatió.
Por esta razón, Borell considera estas elecciones un insulto a la democracia. “No se puede esperar de ese proceso un resultado que podríamos considerar como legítimo, todo lo contrario”, declaró el jefe de la diplomacia europea en Lima durante su última gira por América latina.
El 18 de octubre pasado, la Unión Europea afirmó que no reconocerá las resultados de este 7 de noviembre.
Estados Unidos no aplicará por el momento ninguna sanción, pero lo hará después de los comicios, se informó oficialmente.
La administración Biden considera que Nicaragua consolidará una “dictadura” y requerirá más presión internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó también que la represión contra la oposición.
Hoy en día, la situación en Nicaragua es “una de las más graves” en el continente, no solamente por la situación sanitaria sino también al aplastamiento de las libertades.
El régimen ya no es autoritario. Se está trasformando, de manera anacrónica, en una dictadura familiar. Los hechos hablan por ellos mismo: más de 40 opositores encarcelados durante los 5 últimos años, siete de ellos potenciales candidatos a la elección presidencial.
El régimen argumenta la “seguridad nacional”, la supuesta penetración de inteligencia exterior, peligros a los intereses nacionales.
Pero el mayor ataque consiste en clausurar cualquier espacio de expresión y de producción, aumentando la opción de la vivencia como única posibilidad de romper con el circulo vicioso de un régimen prisionero de su propia paranoia.
El observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas informó este viernes que un total de 1,656 hechos de violencia política ocurrieron en Nicaragua en el contexto del año electoral.
Según el observatorio, en octubre pasado, el último de los 12 meses de estudio, se registraron 120 hechos de violencia política, principalmente ejercidos por autoridades e instituciones estatales y “paraestatales”.
Entre los hechos identificados están “asedios focalizados que duran algunos días e incluyen hostigamiento policial y parapolicial, citatorios por la Policía o al Ministerio Público, y detenciones durante horas o hasta días”.
La política de la tierra arrasada es la que uso Daniel Ortega a la orilla de su cuarto mandato. La Unión Europea ha tomado medidas contra el régimen: se prorrogaron hasta octubre de 2022, medidas restrictivas bien definidas que venían desde 2019 tras la muerte de por lo menos 325 personas en las manifestaciones ahogadas por la fuerza. El espíritu de dichas medidas consiste en limitar el alcance de las agresiones llevadas a cabo por personas e entidades responsables de las violaciones de derechos humanos o actos de represión hacia la sociedad civil e oposición democrática en Nicaragua.
Catorce personas ligadas al régimen han sido sancionadas con el bloqueo de sus bienes financieros y restricciones para entrar en la Unión Europea.
La respuesta del régimen ha sido la intensificación de la represión: prohibición de partidos políticos y organizaciones civiles, encarcelamiento de oponentes políticos, universitarios. Finalmente, el régimen prohibió a su pueblo su derecho soberano en elegir a sus representantes, en el en marco del “interés general”.
El propio escritor y ex-vicepresidente Sergio Ramírez denunció la deriva de una régimen que perdió el rumbo manejando solamente en favor de la promoción de sus intereses en búsqueda de protecciones internacionales financieras, promoviendo alianzas a corto plazo. Hoy en día estamos asistiendo a la cristalización de una deriva empezada a partir de 2016, cuando los primeros signos de la crisis económica se hicieron sentir. Llegaron después de años eufóricos con los precios elevados de unas materias primas permitiendo tener un pie en el ALBA, la organización “alternativa” chavista y relaciones con el FMI e inversionistas internacionales.
La nominación de Rosario Murillo como vicepresidenta, la represión de las manifestaciones en 2018-2019, cambiaron la natura del régimen que juega desde entonces, sobre una competición internacional que se resume, en su caso, en una “carrera contra reloj”.
Remesas florecientes, ya esa época se acabo transformando a Nicaragua en una espacio calcinado por las agresiones permanentes de un régimen que se encerró en una visión retrograda de la política, con una apariencia psicodélica de símbolos de un régimen que cambió el color de sus afiches : del rojo sandinista, llegando al morado y rosado , encarnando finalmente, el abismo que existe entre la élite orteguista y la mayoría del pueblo que perdió sus ilusiones.
Los comicios se realizarán sin la observación de la OEA ni la Unión Europea.
Sea cual fuere el resultado, el mundo ya sabe que será favorable a Ortega y que Nicaragua seguirá considerándose un Estado policial bajo el control del orteguismo mientras no haya cambios verdaderos. El “hermano gemelo” del somocismo continuará privando a los nicaragüenses de sus libertades tanto o peor que la dictadura que derrocaron los sandinistas que ahora repiten la historia...