De los más de 32,000 abogados de la República, solo 5,114 votaron en las elecciones de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organizadas por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). Así lo indican los datos recopilados por el movimiento Ciudadanos por una Corte Independiente. Dicha organización señaló, en su informe final del 2018, que “la elección de los magistrados de la CSJ no despierta en la ciudadanía tanto interés como una elección directa”. Da la impresión de que los salvadoreños no nos preocupamos por quiénes protegerán jurisdiccionalmente nuestros derechos.
En su artículo La incesante batalla entre el Leviatán y la libertad, el conferencista James Bovard afirma que los estadounidenses conciben la libertad como un principio perenne que, por el mero hecho de existir, asegurará el orden social. Con ello, según Bovard, los ciudadanos se desentienden de la protección de algunos derechos, permitiendo que varios gobernantes cometan actos arbitrarios. La percepción de los salvadoreños respecto al sistema de justicia es algo parecido: ya sea porque consideramos que nuestros derechos estarán siempre a salvo o que estos no suplen nuestras demandas, nos descuidamos del tema. De ahí nace la alusión de este escrito al déficit de atención (inspirada en el título de un libro de Bovard, Democracia por déficit de atención), pero cabe detallar al respecto.
Según la clínica Mayo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que le dificulta al paciente enfocarse en un solo asunto por un tiempo prolongado, le hace actuar impulsivamente, etc. A grandes rasgos, quien padece del trastorno necesita más estímulos que otras personas para liberar dopamina, por lo que le cuesta más enfocarse en una tarea específica. Con ello, el afectado recurre a actividades que le dan satisfacción inmediata, ya sea por la novedad o por la facilidad de entretenimiento de estas.
Análogamente, observamos estos comportamientos en muchos salvadoreños cuando solo se interesan por el Órgano Judicial a raíz de controversias; por ejemplo, las incendiarias menciones del presidente Bukele a la Sala de lo Constitucional, que dejan al ente bajo los reflectores. Por estas cuestiones, muchos evalúan a la Sala en función de las cautivadoras, pero quizá indecorosas, peroratas de algún funcionario público; lastimosamente, leer las resoluciones respectivas no nos resulta tan estimulante como un buen escándalo. Además, parece que nos olvidamos de la Corte en cualquier otra ocasión, como las elecciones de magistrados.
Otro síntoma del déficit de atención es que, si el paciente se concentra en algo, lo hace al máximo y descuida otras cuestiones. Cuando los salvadoreños nos adherimos a narrativas políticas, solemos centrar nuestras discusiones en los ejes de la misma, dejando de lado algunos asuntos relevantes. El artículo Entendiendo el populismo, del economista Jean Pisani-Ferry, plantea que, cuando nos acucia un problema social específico, adaptamos nuestra opinión de otros ámbitos a la postura que más se apega a nuestra visión del problema principal. Lo preocupante es que ello le facilita a los funcionarios vender propuestas que se enfoquen en una sola temática, ganándose la simpatía total de la población.
En épocas de cambio político como la que experimenta El Salvador, los ciudadanos tienden a justificar acciones gubernamentales arbitrarias que, supuestamente, buscan la renovación social. Así, nos puede importar poco si alguna propuesta de este tipo viola el ordenamiento jurídico. Esta es la razón por la que a pocos les molestó la irrupción del presidente Bukele en el Legislativo, por ejemplo; lo inminente era expresar el descontento que la mala gestión de los diputados ha causado en los salvadoreños, independientemente de si esto violaba o no nuestra Ley Suprema.
Por cuestiones como esta, Bovard compara, de forma sublime, a un presidente que jura proteger la Constitución con los emperadores romanos que protagonizaban sacrificios para dioses en los que no creían. Ahora bien, sabemos que estas solemnidades influyen poco en la gestión de nuestros gobernantes; sin embargo, eso no nos incomoda demasiado.
Si seguimos así, solo notaremos la carencia de una buena CSJ si se transgrede inequívocamente alguno de nuestros derechos. La CSJ administra el Órgano Judicial, protector del ordenamiento jurídico; por lo tanto, si queremos asegurarnos de que nuestros derechos estén a salvo, debemos ejercer contraloría ciudadana. Un buen modo de hacerlo es leer algunas resoluciones de la Corte para expresar si nos parecen adecuadas o no; además, hay que exigirle a la misma publicar alguna sentencia de manera más expedita si lo consideramos necesario. Asimismo, podemos participar como observadores en las elecciones de magistrados, con movimientos como Ciudadanos por una Corte Independiente.
Al fin y al cabo, el derecho fundamenta nuestras facultades; procuremos superar este déficit de atención para darle la importancia que se merece. Quizá estas consideraciones impulsen al lector a involucrarse en la defensa del Estado constitucional de derecho (y, de paso, que se interese en temas de salud mental, otro tema ampliamente descuidado).
Estudiante de Ciencias Jurídicas / Miembro del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)