El 2021, año trascendental para la institucionalidad de El Salvador

De la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa depende la existencia de control, frenos y contrapesos entre los órganos fundamentales y las instituciones estatales para los próximos años.

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Foto EDH/Cortesía Indes

Por Erika Saldaña

2021-01-05 5:32:00

El año nuevo es siempre una nueva oportunidad para refrescar planes, metas y prioridades. Y los temas importantes que debemos tener presentes para nuestra República no son la excepción. El 2021 nos trae asuntos trascendentales sobre los que la ciudadanía debe estar atenta y, sobre todo, pendiente de participar en su mejora continua, cada quien desde su trinchera. Cada persona, desde su ámbito de incidencia, es responsable de trabajar por un mejor país.
Una de las principales prioridades en el 2021 seguirá siendo el combate a la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria a nivel mundial nos ha dejado en evidencia la necesidad de los países de contar con sistemas sanitarios fuertes, que permitan enfrentar este tipo de calamidades sin dejar a un lado el trato al resto de enfermedades que ya achacan a la población. El Estado salvadoreño debe tener consciencia sobre la importancia de un sistema de salud eficiente y universal y además disponer la orientación de recursos públicos hacia el mismo, cumpliendo con los principios de transparencia y eficiencia en la inversión pública. Pero el combate a la pandemia no es exclusivo de las instituciones estatales. Todos conocemos las medidas efectivas en el combate al COVID-19, las cuales debemos cumplir siempre: uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado constante de manos.
A nivel institucional, El Salvador enfrenta retos trascendentales este 2021. Las elecciones de diputados y concejos, el próximo 28 de febrero, tendrán una incidencia directa en el mantenimiento del sistema democrático, y el respeto a los principios fundamentales que lo sostienen, tales como la independencia y la separación de poderes, y el pluralismo político, donde se vean representadas la mayor cantidad de pensamientos e ideologías. Además, esa elección también reflejará sus consecuencias en un proceso trascendental para la ciudadanía: la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Todas las consecuencias se resumen en el mantenimiento y fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
De la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa depende la existencia de control, frenos y contrapesos entre los órganos fundamentales y las instituciones estatales para los próximos años. Esta función de control tiene a la base la obligación que impone la Constitución a las distintas entidades de controlar las acciones de las demás, con la finalidad de evitar abusos hacia la ciudadanía. Pretender la acumulación de poder en una sola institución, por ejemplo, con una mayoría en la Asamblea Legislativa afín al gobierno, solo ayuda a que el dueño del poder se abstraiga del control institucional; además, daña la pluralidad de pensamiento y abre la puerta a abusos contra la ciudadanía que piensa distinto. Y será esta Asamblea Legislativa la facultada para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que existirá una incidencia directa en el actuar y gestión del Órgano Judicial, el encargado de impartir una justicia imparcial a todos los ciudadanos.
Ya es hora de dejar de ver al aparato estatal como un ente abstracto y lejano que no tiene influencia en la vida diaria de las personas. Lo que hace o deja de hacer el Estado o una institución nos afecta a todos. En cualquier república democrática las instituciones estatales son importantes para cumplir el fin previsto en el artículo 1 de la Constitución: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”. Las preocupaciones del día a día no permiten a todos los ciudadanos detenerse a reflexionar cómo el desarrollo de las instituciones afecta la calidad de vida de cada uno. Pero este 2021 es un tema trascendental del que no nos podemos desentender.
A todos nos interesa que se cumpla y se respete el Estado de Derecho. Esto implica varias cosas: primero, que cada una de las instituciones trabaje de verdad, realizando de manera seria y efectiva las labores que les encomiendan la Constitución y las leyes. Segundo, que todas las instituciones respeten el marco de competencias que se les otorga a las demás y la independencia entre ellas. El fortalecimiento de la independencia y separación de poderes es fundamental para que se cumpla el control y fiscalización entre unos y otros, y es deber de la ciudadanía verificar que esto se cumpla. Estos son algunas de las luchas que nos esperan en 2021.

Abogada constitucionalista.