Que “los pueblos tienen los gobernantes que se merecen” enseña la sabiduría popular. Y ya hemos visto cualquier clase de gobernante, algunos en la cárcel, otros huyendo de la justicia. Pero lo que más me preocupa ya no es el pasado, sino nuestro presente, y es que parece que el precio de haber tenido políticos corruptos en las últimas décadas se quiere pagar con la necesidad de elegir a alguien que no quiera apegarse a la ley, a un dictador.
Muchos ven, reconocen, aceptan y celebran los actos del dictador, justificando su actuar en un “al menos no roba”, o en un “quizás tenga razón”, es decir, justificamos los atropellos de la legalidad, en la corrupción que nosotros mismos permitimos en antaño.
No comprendo a un salvadoreño que celebre la invasión literal del Órgano Ejecutivo al Órgano Legislativo, y ahora, hasta el Judicial al sugerir que encarcelarán a magistrados; y es que, es cierto, para gozar de nula credibilidad, no hay como nuestros diputados, pero, ¿eso da derecho a un dictador a usurpar funciones legislativas? O ¿a retar un mandato judicial? Lo dicho: pareciera que la corrupción de los gobernantes anteriores, o el miedo impregnado en la crisis, hace creer al dictador que puede violentar la legalidad que con tanta sangre nos costó conseguir.
No comprendo que no se haga eco de los despidos masivos fraguados con artificios legales que ocurren a diario en las instituciones públicas. Sé que todos, al leer esto, recordarán haber escuchado de al menos una persona que ha sido víctima de un despido injustificado en el gobierno, y estoy de acuerdo con que, en algunos casos, esa innecesaria cartera de Estado, engordada por favoritismos y por las ya conocidas partidas partidarias, debían ser eliminadas; pero, no comprendo, y no entenderé, cómo usan la ley, para evitar pagar las legales indemnizaciones que corresponde a todos aquellos que han sido objeto de un despido, pues se simulan sanciones administrativas, se suspende “indefinidamente” a los empleados, para luego abrirles proceso de despido, que pueden durar años, y mientras tanto, el trabajador, sin salario, y sin indemnización, y eso sin mencionar, la pesada cruz de haber sido empleado publica, que casi que lo beta de un buen empleo; pero eso sí, si dentro de un estado de emergencia como el que vivimos, las empresas usan los mecanismos legales para soportar la crisis, critican y amenazan con desidia y descaro.
Y es cierto, al igual que los más del ochenta por ciento de la población, estoy de acuerdo con que se combata la corrupción de frente, y celebro alguna de las medidas acertadas y preventivas como las del combate a la delincuencia, o algunos aspectos de las medidas para prevenir el contagio de COVID-19; pero, nunca estaré de acuerdo con ningún medio que conlleve pasar por encima de la legalidad, sin importar el fin que persiga.
No cometamos los errores de antes, porque el precio puede ser caro. Nosotros mismos permitimos la corrupción que hoy celebramos se castigue severamente. Que no llegue el día en que tengamos que celebrar al que aplaque los actos ilegales que hoy nos parecen justificados, por el solo hecho que suenan muy populares.
No perdamos nuestra identidad, ni siquiera, por aquello que parece que es lo necesario, porque, aunque reconozco que, por ahora, nuestro país no tiene el gobernante que todo país democrático debe tener.
Y aunque su elección fuera democrática, y sus fines te parezcan razonables, el atropello de la legalidad siempre pasa factura. Y es que, no olvidemos que, ninguna dictadura podrá durar para siempre.
Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero también tienen en sus manos el poder de erradicar dictaduras. Mientras esto no ocurra, el dictador hará de las suyas.
Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen… no es tan cierto. El Salvador, un pueblo de fe, sufrido, solidario y trabajador, no merece lo que tiene y debe luchar siempre con la ley en la mano por un futuro mejor.
Abogado
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