Le gustaría a usted tener a alguien escuchando todo lo que habla, lee, las veces que ve las redes sociales, los correos electrónicos que recibe, las series que ve, las veces que lo dejan en visto, los likes que da, ver sus fotos, contactos... A mí no. Me imagino que a usted tampoco.
Pues esto y más, sin exagerar le pasó a 35 periodistas y activistas en el país, entre julio de 2020 hasta noviembre 2021: sus dispositivos fueron pirateados con el sofisticado software espía Pegasus, según descubrió el instituto canadiense Citizen Lab de la Universidad de Toronto, el grupo de derechos digitales Access Now y confirmado por Amnistía Internacional.
La mayoría de los teléfonos hackeados, personales e institucionales, fueron los de periodistas de un medio electrónico salvadoreño, el cual ha realizado importantes investigaciones periodísticas, entre estas las que han expuesto los vínculos entre el gobierno y las pandillas en el país.
Si bien es cierto los periodistas señalan al gobierno y hasta ya se han interpuesto avisos en Fiscalia General, el gobierno lo niega, el Fiscal General confirmo esta semana que estos hechos se están investigando.
Una gran razón de peso para que los afectados por el hackeo de sus dispositivos señalaran al gobierno de ser los que los habían intervenido es que la empresa NSO Group declaró que solo vende el software de espionaje Pegasus a Gobiernos bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel, siempre que estos gobiernos no vulneren derechos humanos. En el caso de El Salvador y otros países investigados, si encuentran Pegasus, se sabe que ha sido intervenido por un gobierno.
El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones descubre una nueva amenaza para los derechos humanos en el país. No solamente para periodistas o activistas sino para todos los ciudadanos y ciudadanas. Las autoridades deben detener cualquier acción dirigida a restringir la libertad de expresión y prensa, a realizar vigilancia ilegal y llevar a cabo una investigación imparcial para identificar a los posibles responsables de estos actos de espionaje.
¿Por qué decimos que es una amenaza para todos los ciudadanos? Porque nuestras comunicaciones, escritas, telefónicas, virtuales, gozan de protección constitucional, es un derecho que no puede ser violado por nadie, incluyendo el Estado. Solamente se puede vulnerar con autorización judicial y por investigaciones sobre todo a criminales, es decir, que al violarlas están tratando a ciudadanos como criminales.
Si no existe orden judicial además de vigilancia selectiva ilegal se están violando derechos humanos y vulnerando la salud mental de las personas vigiladas al violar su privacidad e intimidad personal. Esta vigilancia ilegal pone en peligro a las personas vigiladas, pero también y es el caso de los periodistas a sus fuentes que de buena fe brindan información para sus investigaciones que muchas veces incomodan al poder.
También estamos conscientes de que este caso es solo uno de los que han salido a la luz. Faltaría revisar todos los demás dispositivos que tienen sistema Android, por ejemplo, las escuchas telefónicas y otros medios que se utilizan, y nos daríamos cuenta de que hay más espías entre nosotros de los que nos imaginamos.
Abogada y defensora de los derechos humanos.