Cuenta Ferdinand Von Schirach en “Crímenes” cómo un agente de policía le dijo a un magistrado alemán que “los abogados son frenos en el coche de la justicia”, a lo que el juez contestó que “los coches sin frenos no sirven para nada”.
El 7 de agosto de 2020, a las ocho horas y quince minutos, a través de la inconstitucionalidad 21-2020, la Sala de lo Constitucional puso freno al coche sin rumbo del Ejecutivo, nuevamente, estableciendo que el Gobierno no puede suspender derechos fundamentales porque esta es atribución de la Asamblea Legislativa.
Debemos tener claro que la Sala no declaró inconstitucionales las fases de reapertura, sino el decreto número 32 que proviene del Órgano Ejecutivo y no de la Asamblea Legislativa, como indica la Constitución. Sobre ello, la resolución es puntual: “Al no existir ningún decreto legislativo que limite el ejercicio de manifestaciones al derecho a la libertad y otros derechos fundamentales, el Ministro de Salud ha interferido en la competencia que corresponde a la Asamblea Legislativa, pues, en realidad, lo que hace el establecimiento de las fases de la reapertura económica es impedirles, obstaculizarles o prohibirles a las personas el ejercicio del trabajo y de ciertas libertades, como la de tránsito, económica, etc”.
En ese mismo sentido, la Sala añadió que el “Órgano Ejecutivo, en el ramo de Salud, está plenamente habilitado, de acuerdo con el Código de Salud, para emitir auténticos protocolos sanitarios que establezcan medidas, incluso extraordinarias, a tener en cuenta de manera obligatoria por las personas y empresas en los centros de salud, lugares de trabajo, negocios, centros educativos y recreativos, hogares, medios de transporte, etc., para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19; siempre y cuando dichos protocolos no supongan una limitación o suspensión, de hecho, de los derechos fundamentales de las personas, tal como se explicó en la sentencia en cuestión y en los párrafos anteriores”. Recordemos que la restricción de derechos solo puede hacerse mediante un estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa. Así lo establece el artículo 29 de la Constitución.
En la serie de desencuentros entre los órganos Legislativo y Ejecutivo no es primera vez que la Sala de lo Constitucional interviene en el periodo de la pandemia. Se ha indicado en resoluciones anteriores que se debe cumplir la Constitución y respetar las funciones de cada órgano del Estado, pero en lugar de acatar lo mandado por el máximo intérprete de la Constitución se hace lo opuesto y se continúa desafiando el orden legal en medio de una guerra de desinformación, propaganda política y antagonismos innecesarios desde Casa Presidencial.
Los ciudadanos están llamados a leer y conocer las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, para que no repliquen y crean información manipulada, y puedan darse cuenta por sí mismos de que es falso que los magistrados de la Sala de lo Constitucional están en contra de la población; que también es falso que se hayan declarado inconstitucionales las fases de reapertura, así como es falso que el Ejecutivo, en nombre de la pandemia, pueda restringir derechos.
Lo verdaderamente grave en este caso es que el coche llamado “El Salvador” no tiene dirección clara y lo manejan conductores ciegos por elección —o al menos eso parece— que piden a sus pasajeros que cierren sus ojos, cuando la lógica nos indica que quien no ve por dónde transita está destinado a colisionar, tarde o temprano.
Por eso, tal como en el relato de Von Schirach, es necesario que cuando se vea un coche sin rumbo a punto de estrellarse se le aplique el freno, sea este un vehículo de motor o un gobierno a la deriva.
Abogada.