Entre el 8 y 10 de noviembre, el Juzgado Decimotercero de Paz de San Salvador emitió 22 órdenes de allanamiento a ministerios, entidades públicas y empresas privadas en el marco de investigaciones por supuestas compras irregulares efectuadas durante la pandemia. De esta forma se autorizó el allanamiento del Ministerio de Salud (MINSAL) por parte de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
El operativo inició en la mañana del lunes 9 de noviembre y se desarrolló durante las 72 horas siguientes. Conforme a lo expresado por la Fiscalía, en un principio no hubo mayores inconvenientes en el desarrollo del registro; pero la tarde del martes 10 de noviembre, luego de que se solicitara el ingreso al servidor informático del MINSAL, se hicieron presentes efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), generando tensión entre los funcionarios.
La FGR tiene por mandato constitucional la dirección de la investigación del delito, mientras que la Policía Nacional Civil tiene la obligación de colaborar con la primera conforme lo disponen los artículos 159 y 193 ordinal 3° de la Constitución. Sin embargo, en los hechos relacionados no existió ningún tipo de colaboración, a tal punto que incluso el Jefe Fiscal Anticorrupción tuvo que ingresar a las oficinas del Ministerio de Salud empujando a un agente policial que bloqueaba la entrada.
Llama la atención que la FGR haya procedido inusualmente en estos allanamientos sin el auxilio de la PNC. Pero es claro que la Fiscalía no solicitó el apoyo porque no confía en que brinden una debida colaboración, teniendo en cuenta los antecedentes de desobediencia por parte de la policía en el cumplimiento de órdenes. Y, ahora, en contra del mandato normativo, la policía obstaculiza e irrespeta la dirección funcional de la Fiscalía, colocando en peligro el orden constitucional y el Estado de Derecho.
La investigación del delito es fundamental para evitar la impunidad y asegurar la consecución de la justicia, así como el respeto y la tutela de los derechos y libertades de la población.
Los artículos 13 y 19 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil indican que la PNC “bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República […] se encargará de investigar los hechos criminales” y “de prevenir y combatir el tráfico y tenencia de drogas y narcóticos”. Con los hechos del 10 de noviembre, sin lugar a duda, transgrede la institucionalidad y, de seguirse repitiendo, se irá perdiendo la esencia misma del respeto a las leyes y a la Constitución.
El Estado de Derecho está en grave peligro ante la evidente arbitrariedad y desobediencia. En estas situaciones, el gran perdedor es y será siempre el pueblo salvadoreño, sin distinción de colores partidarios.
El poder legítimo que ejercen nuestros funcionarios es producto de la efectividad del ordenamiento jurídico; sin embargo, cuando se abusa de este, el orden jurídico se quebranta y, ya roto, se vulnera totalmente la institucionalidad y se anula toda legitimidad. Por ello, los sistemas de control entre las diferentes entidades públicas son fundamentales, ya que aseguran el correcto funcionamiento del Estado, evitando asimismo que se repitan abusos de poder, manteniendo el imperio de la ley y el Estado de Derecho.
Estudiante de Ciencias Jurídicas, ESEN
Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)