Hace unos días, International Crisis Group (ICG) publicó un reporte que desbarata la versión oficial sobre la reducción en homicidios. Peor aún, atribuye el descenso en la incidencia de delitos a acuerdos informales entre el gobierno y las pandillas.
Los opinadores profesionales al servicio del oficialismo, como es costumbre cuando trasciende un informe que pone en duda la versión del gobierno, rápidamente trataron de descalificar al ICG y su informe. Como es costumbre también, sus argumentos y ataques no fueron muy buenos ni inteligentes. Algunos hasta intentaron poner en duda la imparcialidad y el análisis del documento.
ICG es una organización no-gubernamental que monitorea situaciones críticas alrededor del mundo, las analiza, elabora pronósticos y propone soluciones. He dado seguimiento a su trabajo por bastante tiempo y me parece una fuente de información seria, que produce insumos elaborados de forma objetiva, técnica y sistemática. Es importante aclarar que los documentos de ICG no son de corte académico. Es decir, no expanden o proponen teorías y conceptos científicos. Los reportes, más bien, tienen una orientación práctica, pero, como las investigaciones científicas, tienen a su base la recolección y análisis sistemático de información. Están diseñados para incidir en el tratamiento de temas críticos. Es muy poco probable que un organismo así se preste a los juegos politiqueros de El Salvador.
El informe cuestiona abiertamente la versión oficial que atribuye la disminución de homicidios al Plan Control Territorial. Sin embargo, no lo hace de forma antojadiza sino basándose en el análisis de datos oficiales. Específicamente, el documento fundamenta la duda planteada en tres análisis. Primero, ICG realizó un análisis temporal de la incidencia de homicidios para determinar el impacto de la implementación del Plan. Los resultados revelaron que la tendencia decreciente en la cantidad de homicidios comenzó antes de que el Plan entrara en vigor. Normalmente, los quiebres relacionados a una intervención se registran cuando esta se ejecuta o un tiempo después. En el caso de El Salvador, no se observa esto. La tendencia después de la implementación del Plan sigue igual que antes de su ejecución.
Después, ICG desagregó la incidencia de homicidios en municipios priorizados por el plan y los no-priorizados. Los resultados muestran una disminución más marcada en los primeros. El informe explica que, para establecer una relación causal entre el Plan y el decremento en homicidios, los municipios a los que se dio un tratamiento especial deberían de presentar un mayor descenso. Esto no se observa en los datos. Según los resultados, algunos municipios priorizados incluso registran leves incrementos.
El tercer análisis realizado por ICG se enfoca en investigar el impacto de los estados de emergencia decretados al interior del sistema penitenciario sobre la incidencia de homicidios. Los hallazgos muestran que estas medidas no afectaron la tendencia decreciente en la cantidad de homicidios diarios. Nuevamente, para establecer una relación entre la implementación del Plan y las estadísticas de homicidios se debería de identificar un cambio.
Al no encontrarse una relación causal entre el Plan y la reducción en homicidios, ICG evaluó otras posibles causas para explicar la reducción. El reporte discute información recolectada en el país y concluye que hay suficientes indicios que fundamentan la existencia de un acuerdo informal entre las pandillas y las autoridades gubernamentales, como lo hemos sostenido varios analistas desde hace algún tiempo.
Los hallazgos de ICG son particularmente relevantes debido a que El Salvador está en un año electoral. Las negociaciones con las pandillas se dan en el contexto de su apoyo para ganar elecciones. Todos los partidos han sido seducidos por el poder territorial de las pandillas. La ciudadanía debe de organizarse para denunciar y condenar este tipo de acuerdos oscuros.
Criminólogo.