Un amigo me contó que en estos días de pandemia jurídica había llegado a su casa un señor a notificarle que un Juzgado de Inquilinato había resuelto que debía desocupar su propia casa, porque no había pagado el arrendamiento y que, a su petición, el notificador le enseñó la resolución del Juzgado firmada por el mismo notificador, por lo que le dijo que esa resolución no valía porque le faltaba la firma del Juez, a lo que le contestó que él era también el Secretario y que allí aparecía su firma.
Como le indicó que no aceptaba tal resolución, el Secretario-Notificador llamó a un policía que le acompañaba y éste le dijo a mi amigo que allí estaba la orden y que tenía que cumplirla, voluntariamente o si no por la fuerza, por lo que mi amigo se escapó por la casa del vecino.
La historia no es real, pero constantemente hemos visto que el Ministro de Salud, en su calidad de SECRETARIO DE ESTADO, ha actuado como Notificador de DECRETOS EJECUTIVOS, FIRMADOS POR ÉL MISMO, COMO MINISTRO DE SALUD, que no tienen la firma del Presidente de la República, indispensable conforme al artículo 163 de la Constitución, porque el Órgano Ejecutivo, para crear Decretos, Acuerdos, Órdenes y Providencias, DEBE FIRMARLOS EL PRESIDENTE y ser REFRENDADOS Y COMUNICADOS POR LOS MINISTROS, en sus respectivos ramos, es decir, acompañarlos con su firma; si falta la firma del Presidente de la República, único facultado para tomar tales decisiones, NO TIENEN EXISTENCIA LEGAL; y si tienen la firma del Presidente, pero falta la del Ministro del ramo, NO TIENEN AUTENTICIDAD LEGAL.
Igual sucede en el caso de las resoluciones judiciales sólo firmadas por el Secretario del tribunal: no existen; y si tienen la firma del Juez, pero falta la del Secretario refrendándolas, carecen de valor.
Lo anterior es conocido por los abogados y sus clientes, pues éstos tampoco les pagarán viendo una resolución FIRMADA por el Secretario del tribunal.
El Director del Diario Oficial debe confirmar la existencia de la firma del Presidente para publicar los Decretos Ejecutivos enviados por los Secretarios de Gobierno, ya que la Constitución, en el Artículo 164, en forma expresa dice que “Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO (MINISTROS) emitan excediendo las facultades que esta Constitución establece SERÁN NULOS Y NO DEBERÁN SER OBEDECIDOS”.
Adicionalmente a la regla general anterior, debe recordarse que conforme al Art. 168 Nº14 Cn., sólo el Presidente de la República, puede “Decretar los reglamentos que fueren necesarios (pero únicamente) PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS LEYES CUYA EJECUCIÓN LE CORRESPONDE”; y los Reglamentos no pueden ampliar, reducir, ni mucho menos contradecir, las disposiciones de la ley decretada por la Asamblea Legislativa, por la jerarquía jurídica que los coloca en un grado inferior al de la ley, precisamente para ejecutarla, y ambos están sometidos a la Constitución.
Los Decretos Ejecutivos emitidos por el Ministro de Salud, desde enero de este año, hasta el Nº 24 del sábado pasado, carecen de la firma del señor Presidente de la República, pero como muchos han sido derogados o su plazo ha vencido, debería hacerse un análisis serio para regular la situación actual, por medio de una ley o quizás un Reglamento de una ley vigente.
Conforme a los artículos 163 y 164 de la Constitución, no se necesita una sentencia de inconstitucionalidad, ya que no existe duda de que tales decretos carecen de todo valor por no haber sido firmados por el Presidente de la República, SON NULOS.
Exvicepresidente de la República.