La salida de la Alianza Cívica (AC) de la Coalición Nacional (CN) es, sin duda, lamentable. Pero desde ahí llegar a la conclusión que la ruptura de la unidad de la oposición es definitiva, es un extremo que no comparto. Y como yo, muchos nicaragüenses. Es un contratiempo, que no guarda relación con los antecedentes, situación actual y futuro de Nicaragua.
Estoy consciente de las críticas qué desde la oposición y los reducidos espacios de libertad de expresión que ha dejado la dictadura, se hacen a esa decisión de la AC. Por cierto, la decisión fue tomada en un contexto de incremento represivo, que la torna más criticable. Pero mi perspectiva de análisis es que nada, absolutamente nada, se ha modificado en las circunstancias que determinan los incentivos de los principales actores para que, más temprano que tarde, la oposición a la dictadura se unifique.
El antecedente más importante es que la división en el liberalismo, en que se había unificado la oposición a Ortega en tres elecciones anteriores, fue la causa fundamental para su triunfo en las elecciones de 2006, que abrió paso a la dictadura. Desde luego, con el pacto de Alemán y Ortega que fue la causa de la división del liberalismo y, a la vez, determinó el bipartidismo entre FSLN y PLC, que finalizó subordinando los poderes del Estado a Ortega.
Es importante que ese antecedente sea conocido por los jóvenes, quienes están entre los que más impulsaron la decisión, porque la población menor a 30 años de edad y con derecho a voto en las eventuales elecciones de 2021, entre los cuales están los jóvenes de la AC, representa un porcentaje muy significativo de la población electoral. Esos jóvenes, eran muy menores cuando se inició el gobierno actual. Igualmente, el sector empresarial agremiado en COSEP, cuya complacencia con el régimen de Ortega fue fundamental para que se estabilizara la dictadura. Hasta que frente al horror de la masacre en abril de 2018, rompió de manera categórica con esa complacencia, y con seguridad no desea se reabra esa memoria en la población en función de su legitimidad política, para continuar luchando por el Estado de Derecho democrático y el necesario restablecimiento del financiamiento y la inversión externa.
En los inicios, uno de los primeros actos autoritarios del régimen de Ortega que insinuaba la dictadura en que derivó fue el despojo de la personería jurídica de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), ahora Ciudadanos por la Libertad (CxL), y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Unidos dimos la lucha electoral en 2011 con Fabio Gadea Mantilla como candidato a Presidente y el autor de este artículo como a candidato a Vicepresidente, de tal forma que en esas elecciones hubo tal nivel de irregularidades y violencia, que Fabio y yo no aceptamos la famosa diputación regalada por el pacto entre Alemán y Ortega. Pero las bancadas de diputados continuaron unificadas, hasta que en las elecciones de 2016 los dos partidos políticos fueron excluidos y la dictadura terminó de consolidarse.
También, ha terminado la complacencia de la comunidad internacional con la dictadura de Ortega, en especial la de Estados Unidos, Europa y países centroamericanos, como lo demuestran las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Parlamento Europeo (PE), y las sanciones adoptadas.
Esos son los antecedentes de la situación de la oposición en Nicaragua. En esa perspectiva, que haya elecciones en condiciones de credibilidad democrática en 2021, la actual fragmentación es temporal, porque su unidad es indispensable para que se mantenga la presión de la comunidad internacional. A menos que se desee la continuación de la dictadura de Ortega, cuyas consecuencias serán catastróficas.
Economista y analista nicaragüense, excandidato a la presidencia de Nicaragua por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).