A partir del 7 de septiembre estará vigente la Ley Bitcoin y, a menos de tres semanas de este acontecimiento, aún se trabaja en regular los aspectos que no abarca la ley por sí misma, como su integración en nuestro sistema contable, financiero y fiscal, así como requisitos de seguridad para proteger los datos de los usuarios, entre otros elementos de gran relevancia.
De acuerdo con declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), el trabajo que se está llevando a cabo de la mano con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) busca cumplir con los estándares internacionales, reuniendo así los requisitos que establecen las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además de plasmar el funcionamiento y operación. Sin embargo, es difícil pensar cómo se acoplarán realmente estos principios de buen funcionamiento financiero a un mecanismo tan complejo, donde no hay respaldo por parte de una entidad emisora (un banco central); de igual manera, es importante que, dentro de las normas técnicas contempladas, se evalúe cómo se generará certeza a los usuarios sobre el valor de dicha criptomoneda debido a su alta volatilidad en el mercado financiero internacional.
Desde su anuncio ha existido incertidumbre en la población en general; hay que señalar que el sector bancario es uno de los actores más preocupados por la operación del bitcoin debido a sus implicaciones relativas a liquidez y régimen cambiario, ya que ocupar una moneda tan volátil supone un riesgo bastante alto a las operaciones bancarias que se desarrollan cotidianamente. De igual manera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha catalogado al bitcoin, en un documento sometido a consulta pública, como un criptoactivo de tratamiento especial por representar más y mayores riesgos; por lo tanto, recomienda a los bancos contar con una reserva de liquidez del 125%, lo que supone una carga bastante pesada a estas instituciones.
No obstante, algunos entes financieros como BBVA y la Asociación de Bancos de Canadá han identificado que las criptomonedas y sus tecnologías también ofrecen beneficios para el sector al facilitar interacciones y promover la eficiencia. En ese sentido, señalan que debe evitarse imponer un marco regulatorio demasiado oneroso a las exposiciones de los bancos a estos activos desde el principio.
En conclusión, para introducir una criptomoneda debemos partir de un plan estructurado y muy bien definido, que permita contemplar los posibles riesgos y generar rutas de trabajo que permitan mitigar esos peligros que, al final, generan inestabilidad en el mercado financiero y, por ende, al sistema de préstamos que, muchas veces, es la herramienta que sostiene a miles de salvadoreños. Por eso la seguridad jurídica no es negociable en este tipo de temas, pues al final se termina lesionando el bienestar de los mismos salvadoreños.
Estudiante de Ciencias Jurídicas
Miembro Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)