A creación de los juzgados y la cámara de lo Contencioso Administrativo, en febrero de 2018, significó un avance trascendental en el ámbito contencioso administrativo en El Salvador. Pasamos de una Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de 1978, a una ley moderna y más acorde a la realidad actual. Y también transitamos de un solo tribunal que conociera sobre estos temas -la Sala de lo Contencioso Administrativo-, al establecimiento de cuatro tribunales y una cámara de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional. A pesar de ese avance, la saturación de estos tribunales debido a la carga laboral era un colapso anunciado.
¿Qué tipo de asuntos se conocen ante los juzgados, cámara y sala de lo Contencioso Administrativo?
Los relacionados con los litigios contra las diferentes instituciones y funcionarios que trabajan para el Estado de El Salvador. Ministerios, Instituciones Autónomas, Municipalidades, todas aquellas actuaciones y omisiones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo. De manera específica, la distribución de estas competencias se establece en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, destacando entre los temas de su conocimiento: despidos de personas al servicio de la Administración Pública, asuntos de migración y extranjería, cuestiones municipales no tributarias, autorizaciones de registro con prevención de allanamiento, demandas contra funcionarios, recursos, entre otros.
Para que nos hagamos una idea del trabajo que reciben los cuatro juzgados de lo Contencioso Administrativo (dos en Santa Tecla, uno en San Miguel y uno en Santa Ana, cada uno con un juez y un par de colaboradores) retomaré los datos del año 2019 (sin el impacto de la pandemia). Al inicio del 2019 se encontraban en trámite 441 procesos, de los cuales 398 se encontraban en los dos juzgados de Santa Tecla. En ese año ingresaron 998 procesos, se reactivaron 48, se descargaron 124 y se resolvieron en total 861, quedando pendientes de resolverse 502. En el caso de la Cámara con sede en Santa Tecla (con dos magistradas), al inicio del año 2019 tenía 103 casos, ingresando 302 casos, se reactivaron 5 y se resolvieron 232 y quedando pendientes 178. La mora es resultado de los limitantes que cada uno de estos tribunales tiene y de la complejidad de los casos que se deben resolver.
La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de apoyar el fortalecimiento de los juzgados y cámara de lo Contencioso Administrativo; en primer lugar, es necesaria la creación de más juzgados y cámaras distribuidos a nivel nacional, para aliviar la carga de los ya existentes y para que cada uno de los casos pueda resolverse de manera más expedita. Además, es preciso que el personal de dichos tribunales sea capacitado permanentemente, ya que la especialización es una herramienta que ayuda a mejorar la calidad de la justicia en esta rama del Derecho. Estas son solo algunas medidas de gestión judicial que podrían implementarse en el corto plazo a fin de mejorar la calidad de los servicios en materia contenciosa administrativa que se ofrecen a la población.
Desde los análisis que se realizaban desde la academia sobre el nuevo proyecto de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la creación de los nuevos tribunales con competencia en esta materia, ya se visualizaba la posibilidad de colapso de dichos tribunales debido a la amplia competencia y la gran demanda. Tres años han pasado desde que entró en vigencia la nueva ley y asumieron sus labores los juzgados y la cámara señalados, y los temores han terminado confirmándose. La Corte Suprema de Justicia debe retomar con urgencia el apoyo a los tribunales con competencia en materia contenciosa administrativa. Esto se traducirá en la mejora a los servicios prestados a la ciudadanía salvadoreña en las controversias contra el Estado.