La pandemia nos está mostrando una vertiente del poder que siempre ha estado allí, pero que algunos no habían contemplado ni sufrido sus efectos. Los estados de excepción, toques de queda, cierre de aeropuertos y fronteras y, en general, las restricciones de circulación impuestas en la casi totalidad de países para atajar los contagios provocados por el coronavirus, son calificados por algunos como acciones “antidemocráticas”.
Lo cierto es que las facultades de los gobernantes para restringir algunos derechos fundamentales, al encontrarse reguladas en las Constituciones y en la ley, adquieren legitimidad. Ese marco legal habilita a los mandatarios a tomar medidas que, en otros contextos, representarían un abuso de poder y la antesala a un régimen totalitario. Los gobernantes podrían excederse y sobrepasar las licencias concedidas. Para impedir esta situación, los congresos deben vigilar las decisiones de los presidentes y, de confirmarse arbitrariedades, derogar de inmediato los decretos aprobados.
La pandemia ha entablado un debate, innecesario cabe señalar, en el que se contraponen los sistemas democráticos y los no democráticos y se cuestiona en cuál de ellos se está gestionando de forma más apropiada la pandemia. Los modelos son el chino frente al de Taiwán y el de Corea del Sur. En los tres, el virus se ha contenido favorablemente. Sin embargo, en el primero las autoridades no cuentan con la legitimidad que concede el voto popular mientras que los taiwaneses y los surcoreanos, sustentados en un sistema representativo, cedieron a sus respectivos gobernantes, a través de las urnas, el poder para administrar el Estado.
Al introducir en la ecuación a Nicaragua, Brasil, México y los Estados Unidos tendríamos otros cuatro países en los que el respeto al Estado de derecho y un sistema político funcional hace la diferencia. Los Ortega-Murillo han hecho muy poco por prevenir la propagación masiva del virus a pesar que tienen secuestrado al Estado. Bolsonaro, López Obrador y Trump, no obstante la legalidad de sus mandatos, han preferido una estrategia moderada para evitar los “costos económicos” sin tomar en cuenta las consecuencias de una retención tardía de la epidemia. Boris Johnson terminó imponiendo cuarentena a todos los ciudadanos británicos, aunque en un inicio manifestaba que el contagio era inevitable y que era mejor tomar medidas económicas.
La emergencia provocada por la pandemia requiere de una efectiva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo contrario afectaría gravemente la contención de la enfermedad y la lucha para erradicar el virus en el caso que lamentablemente se llegue a expandir. La falta de consensos en esta coyuntura se traduciría en un contagio exponencial muy grave y, lo que es peor, en muertes. Italia es el mejor ejemplo. Aunque corrigieron su actitud y ahora reman en un solo sentido, los desacuerdos iniciales complicaron la oportuna atención cuando se presentaron los primeros casos. Matteo Salvini, líder de la Lega, principal partido opositor, criticó al primer ministro, Giuseppe Conte, cuando iniciaban los efectos de la pandemia, diciendo que “era incapaz de gestionar la crisis”. Luego, al multiplicarse la transmisión, terminó respaldando el cierre de toda Italia.
La búsqueda de acuerdos no es equivalente a una imposición. Las circunstancias obligan a los partidos a proceder con prontitud. Esa celeridad no les impide exigir transparencia en el uso de los fondos, el detalle de los gastos e inversiones, y los filtros para auditar, en coordinación con las instituciones de control y con otros actores de la academia y la sociedad civil organizada. El peor escenario en las condiciones que vive el mundo es que los políticos trabajen en un escenario donde pretendan inculpar a su adversario de no haber actuado a tiempo, cuando el COVID-19 rebase la capacidad hospitalaria.
El largo plazo y las políticas públicas, citados en Agenda Pública por la politóloga Yanina Welp, son otros dos asuntos relevantes en tiempos de pandemia. ¿Cómo cumplir con las medidas exigidas por los Gobiernos cuando no se tiene acceso a un servicio regular de agua potable, a viviendas con espacio suficiente para evitar el hacinamiento y a adecuados servicios públicos hospitalarios? Otra problemática es la de la violencia intrafamiliar. La cuarentena obliga a convivir a víctimas y victimarios. Ya hay fallecidos en varias partes del mundo a causa de la floja vigilancia en esta materia.
El período de pospandemia nos obligará a revisar temáticas relacionadas con los servicios públicos, la prevención de epidemias, el uso de la virtualidad para el trabajo y el estudio y los mecanismos más idóneos para utilizar con sobriedad la autoridad que conceden las constituciones en tiempos de sobresaltos ocasionados por eventualidades como el COVID-19. Lo que no está en discusión es la continuidad de las bases del liberalismo político, es decir, la permanencia de las libertades que durante este tiempo nos han sido vulneradas.
Doctor en Derecho y politólogo.