El COVID-19 llega a los centros penales

Los juzgados de “vigilancia” penitenciaria deben asumir un papel protagónico y “ordenar” las disposiciones ahora que la contención fue superada, y se aísle a los casos sospechosos

Por Ricardo Sosa
Experto en seguridad y crimino

May 25, 2020- 20:32

Iniciando la semana la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) mediante comunicado informó a la población que en el centro penitenciario de San Vicente al menos 25 privados de la libertad resultaron positivos a la prueba PCR de un total de 65 personas a las que se les practicó. La información ha sido confirmada 48 horas después por el ministro de Salud indicando que han activado protocolos. Centros Penales hasta el mediodía de ayer no había informado de manera oficial por medio de conferencia de prensa o comunicado. No se ha tenido mayor información sobre la salud de los internos.
La llegada del virus y su conocimiento público al menos en este centro penitenciario y el manejo secreto de la información no abonan, ni contribuyen, a las acciones que pudo haber desarrollado Centros Penales semanas atrás; por medio de la cuenta de la red social de Twitter el director ad horonem informaba casi a diario a diez medios a quienes copia sobre limpieza, actividades, jornadas de diferentes tipos y otros, pero al momento que los familiares de este centro penitenciario y del resto de penales buscan información, no se dispone; ha sido el ministro de salud quien respondió e informó de manera oficial y pública.
Son más de 37,000 familias las que tienen hombres o mujeres en el sistema penitenciario y merecen la información oportuna, de calidad y con la verdad. Centros Penales no tiene la capacidad para atender llamadas telefónicas de familiares; por la cuarentena domiciliaria, éstos no se van arriesgar a ser capturados y enviados a un centro de contención donde se pueden infectar. Por eso la comunicación es vital y debe enfocarse en el derecho a los familiares a conocer el estado de salud y disposiciones en todos los penales ahora que el virus ya ingreso los muros y portones.
Los internos solo pudieron haber sido infectados por personal administrativo, técnico, custodios, servicios o funcionarios de cualquier nivel, ya que los ingresos de imputados estaban suspendidos; otra posibilidad es por medio de traslados de otro centro penal que, debo asumir, que estaban suspendidos. Parte de las interrogantes que se deben conocer para evitar más infecciones. Los internos oscilan entre 900 y 1,300 en dicho recinto. Es indispensable que busquen todos los posibles nexos epidemiológicos.
Mi respetuosa recomendación es que se piense con un enfoque humanitario para los internos y sus familias: tienen derecho a conocer el estado de salud de cada mujer y hombre privados de la libertad. Se tienen las denominadas “Reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos”, conocidas como “Reglas Nelson Mandela”, para facilitar el aislamiento y tratamiento apropiado durante el periodo de infección.
Los centros penales tienen hacinamiento, falta de agua potable, deficiencia en la educación de los internos en formación de hábitos de higiene personal, implementos de higiene de uso personal, hay una población con enfermedades crónicas como tuberculosis, neumonía, asma, diabetes, hipertensos, cáncer, VIH y ahora COVID-19.
Los juzgados de “vigilancia” penitenciaria deben asumir un papel protagónico y “ordenar” las disposiciones ahora que la contención fue superada, y se aísle a los casos sospechosos. A la PDDH y CICR se les debe permitir el acceso a todos los recintos como garantes de la legalidad y humanidad. El virus llegó de afuera de los muros, no se generó en el interior, no es culpa de los internos.

Experto en Seguridad y Criminología.

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