El quince de diciembre se cumplieron treinta y siete años de la fecha histórica en la que se aprobó la Constitución de la República de El Salvador de mil novecientos ochenta y tres. Un momento donde se conmemora el anhelo de una sociedad de salir de una amplia racha de inestabilidad política y social; además, una fecha en la que hay que reflexionar el trabajo hecho para convertirnos en una república verdaderamente democrática para todos los ciudadanos. El sueño fue, y todavía es, que El Salvador sea una república donde todos seamos libres e iguales.
La Constitución salvadoreña dista de ser perfecta. Su contenido textual es producto de la realidad que se vivía en los ochentas. Hay situaciones, como la regulación de la reforma agraria y los derechos en materia laboral, en las que se puede percibir un ánimo de taxatividad bastante profundo por parte del constituyente, con la finalidad que las personas no quedaran desprotegidas. Mientras en otros temas ha sido la Sala de lo Constitucional la que ha tenido que adecuar su significado a la realidad actual y desarrollar con más detalle el contenido de la Constitución; por ejemplo, en los casos de los procedimientos a seguir para elegir funcionarios, así como el contenido de diversos derechos constitucionales implícitos (el derecho al agua, al acceso a la información pública, entre otros).
Sin embargo, aunque hay voces sugiriendo la redacción de un nuevo texto, debemos tener claro que la Constitución de la República no es un documento obsoleto. Su contenido se va renovando con las interpretaciones y actualizaciones de los derechos y principios que realiza la Sala de lo Constitucional mediante sus sentencias. También hay que agregar que en esta Constitución de hace treinta y siete años existen principios y cláusulas que nos han impedido caer en algunas de las grandes crisis sociales que hemos visto en América Latina en los últimos años, por ejemplo, el ánimo de perpetuidad en el poder de varios presidentes del hemisferio.
La Constitución de El Salvador tiene un amplio catálogo de derechos, muchos de los cuales falta que sean desarrollados. Además, realiza una distribución del poder y de las competencias entre distintos órganos e instituciones, con la finalidad de que este no se concentre y no existan abusos por parte de los funcionarios. La Constitución también prevé la imposibilidad de que una persona se perpetúe al frente del Estado o de un órgano específico, lo que nos ha salvado de vivir crisis políticas parecidas a las de varios vecinos latinoamericanos. A pesar de su antigüedad, es una Constitución cuyos principios perduran en el tiempo.
Uno de los encargados de hacer que la Constitución se cumpla y sea un documento “vivo”, además de las instituciones, es la propia ciudadanía. El exmagistrado del Tribunal Constitucional Español, Manuel Aragón Reyes, expone, en uno de sus libros, que la labor de un Tribunal Constitucional se explica en parte por la intensa relación que se da entre el tribunal y la sociedad. Una de las vías en las que se nutre esta relación es con las decisiones de la Sala de lo Constitucional, producto de las demandas ciudadanas. Y además, cuando las decisiones emitidas se reciben de manera crítica por parte de la sociedad.
Parafraseando una amplia cita del mismo autor, “una de las cuestiones más importantes para una sociedad es que la Constitución pase a formar parte de su cultura política. Una Constitución, aunque sea imperfecta, pero que haya logrado la aceptación popular, puede asentarse firmemente como cimiento del Estado. La educación constitucional en las escuelas y universidades, la difusión popular de su significado y su aceptación generalizada no es solo una necesidad, sino también el mejor legado”.
Abogada constitucionalista.