PUESIESQUE…no les había contado, pero el 10 de julio del terrible año que estamos viviendo, este amigo de ustedes presentó, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ), una demanda para pérdida de derechos políticos, contra un compatriota que promueve la reelección presidencial inmediata del actual inquilino de Casa Presidencial.
Afortunadamente, la semana pasada, la SCn/CSJ informó que admitió la demanda y que, por ende, decidirá si ordena la pérdida de derechos políticos por promover la reelección presidencial.
Les comparto el contexto constitucional de la demanda que elaboré:
• El artículo 72 de la Constitución (Cn.) dispone que los derechos políticos de los ciudadanos son, en esencia, ejercer el sufragio, asociarse para constituir partidos políticos y optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales.
• El artículo 73 Cn. fija, entre los deberes políticos de los ciudadanos, “cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República”.
• El artículo 75 Cn, establece las causales para la pérdida de los derechos ciudadanos, y entre ellas está: “Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.
• Y el inciso 1º del art. 174 Cn., relacionado con el ordinal 7º del art. 182 Cn., señala que el tribunal competente para conocer y decidir sobre la pérdida de derechos de ciudadanía es la SCn/CSJ.
Alguien (no recuerdo quién) me compartió, hace meses, la oferta electoral de un precandidato a diputado por el partido Nuevas Ideas: prácticamente todas las propuestas (hechas en YouTube, Twitter y Facebook) eran promesas irreales, casi de charla trasnochada en bar, pero me llamó la atención que el precandidato insistía en la reelección del actual Presidente de la República.
Entonces pensé: “Pero, bueno, si existe el debido marco constitucional… ¿por qué no se toman acciones contra un compatriota que está, lamentablemente, promoviendo la reelección presidencial?”.
Y seguí pensando: “Nunca ha habido en el país un proceso judicial de esa clase; no está regulado en la Ley de Procedimientos Constitucionales; no contamos con una justicia constitucional ágil, innovadora y proactiva; quizá tenemos el “tribunal constitucional más lento del mundo”.
Pero, a pesar de tan desmotivadoras circunstancias, concluí: “Bueno, hay que utilizar las herramientas jurídicas disponibles y acudir a las instituciones públicas que existen”.
Y es que, como dice un sabio y buen amigo mexicano: “Es lo que hay, Quique…si del cielo te caen limones, haces limonada y, si puedes, pides tequila y sal”.
Así que me tomé una tarde, me puse mi pantalón de la suerte, hice mucho café, agarré la compu y escribí la demanda que les cuento. Y, 3 meses después, la SCn/CSJ admitió esa demanda para pérdida de derechos políticos.
Les cuento todo esto porque ahora que como país enfrentamos un proyecto político de tinte autoritario, incluyendo un esfuerzo de reforma constitucional impulsado desde el Órgano Ejecutivo, es vital que todos los salvadoreños nos involucremos en la defensa de la Constitución.
Y no se trata de defender normas jurídicas en abstracto: es la lucha por los derechos fundamentales, por la dignidad, la libertad, la igualdad, la educación, la libre expresión.
Así que, para las “ternuritas” de CAPRES, que presentan y alegan que el proceso de reforma constitucional que impulsan es un proyecto inocuo, meramente académico, casi como si de “ositos cariñosos” jugando, entérense: los ciudadanos defenderemos la Constitución.
Y una vía para la defensa de nuestros derechos es solicitar que se suspendan los derechos políticos de aquellos ingratos con la democracia que promueven la reelección presidencial.
Abogado constitucionalista.