La reforma de la Fuerza Armada y la creación de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron, con toda certeza, dos de los acuerdos angulares del Pacto de Chapultepec. Su rebeldía y desapego a la Constitución, 28 años después de aquel diálogo pacificador, evidencian el deterioro acelerado del Estado de Derecho en El Salvador. A la toma militar de la Asamblea Legislativa, el pasado 9 de febrero, se suma ahora la insubordinación de la institución policial. Sin una explicación razonable que justificara su omisión, la PNC ignoró las órdenes de auxilio dictadas por la Asamblea Legislativa y por la Fiscalía General de la República.
El hecho no puede pasar inadvertido. Se trata de las dos instituciones que por disposición constitucional están obligadas a defender el territorio y a procurar seguridad a los ciudadanos. La sublevación de ambas instancias es un síntoma alarmante que podría derivar, en el corto plazo, en acciones represivas instigadas por su lealtad a la presidencia y por su inobservancia del orden jurídico. Encontrarnos a expensas de la interpretación que hagan de la ley los máximos funcionarios en los cuerpos militar y policial, elimina toda garantía de confianza en ambas instituciones. Uno y otro, al igual que el resto de funcionarios públicos, están sometidos a la Constitución.
Como resultado de la interpelación del ministro de Defensa por la invasión militar al recinto legislativo, advertimos con claridad su fidelidad al mandatario en detrimento de la Ley Fundamental. Lo mismo se puede decir del jefe policial. Su “lectura” ante las peticiones del Fiscal General y del Presidente del Órgano Legislativo es que se trataba de mandatos con “fines políticos”. En el futuro su apreciación de la realidad podría llevarlo a concluir que una manifestación ciudadana en contra de una decisión gubernamental, no obstante realizarse dentro del cauce legal, es un hecho delictivo y entonces existe “motivo cierto” para utilizar la violencia con el propósito de “restablecer el “orden y la paz social”.
A lo largo de estos quince meses, desde el 1º de junio de 2019, hemos presenciado un reiterado incumplimiento de órdenes judiciales y una sucesión ininterrumpida de actos arbitrarios. Los infractores van desde el ciudadano presidente, algunos ministros, pasando por los titulares de ciertas instituciones oficiales autónomas hasta llegar a los actos reprobables del 9 de febrero y la reciente obstinación a cumplir mandatos que son propios de las atribuciones de la PNC. Este comportamiento ha sido censurado por organismos nacionales e internacionales. La burla y el desprecio de la ley atraen la pronta desaprobación de quienes promueven y defienden el ejercicio de los derechos fundamentales y el respeto de los principios que ilustran a la forma de gobierno democrática, republicana y representativa.
Al acoso que sufren los adversarios de la actual administración, particularmente el padecido por varios de los periódicos electrónicos y medios de comunicación; a las calumnias de las que es objeto la Sala de lo Constitucional en las cadenas nacionales; y a la falta de transparencia con la que se han administrado los fondos públicos durante la pandemia, se agrega hoy el uso político de la PNC y de la Fuerza Armada.
Con este telón de fondo avanzamos hacia las elecciones legislativas, municipales y del PARLACEN del próximo año. Policías y soldados serán los encargados de resguardar el traslado de los paquetes electorales y cuidarán la seguridad en los centros de votación. Los hechos comentados obligan a las dos instituciones involucradas a rescatar, con urgencia, la credibilidad de la que venían gozando desde la primera década de los noventa. En los comicios no habrá lugar para deducciones antojadizas. Las peticiones de la FGR, que ejercerá como fiscalía electoral, del Tribunal Supremo Electoral y de los organismos electorales temporales, deberán cumplirse sin retraso.
Los recientes acontecimientos nos obligan a levantar la voz para exigir, de nuevo, la adhesión del Ejecutivo a la Constitución y a la ley. Igual petición aplica para que la Fiscalía General de la República y, en general, las instituciones de control, no permitan que las irreverencias cometidas se conviertan en un hábito que, arraigado en la conciencia de los funcionarios, y repetido sin consecuencia alguna, sea muy difícil de exterminar.
Director de Estudios Políticos de FUSADES