Nos encontramos en una época de mucho riesgo para la estabilidad del sistema político. La intención del presidente de la República de reformar la Constitución no debe tomarse a la ligera. La militarización de la Asamblea Legislativa y las arbitrariedades cometidas durante la pandemia revelan su pretensión de concentrar más poder político. En los últimos meses el Ejecutivo ha redoblado su empeño por neutralizar a las instituciones de control. Un claro ejemplo ha sido la intervención en la designación de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. El secuestro de esta instancia cerraría el grifo para el periodismo de investigación.
Todo proceso de reforma constitucional requiere un debate serio. La discusión debe estar fundamentada en aspectos técnicos. Además es necesario encontrar el momento propicio para esta delicada tarea. Hacerlo a las puertas de una elección contaminaría los argumentos. Descuidar un hecho de esta categoría pone en riesgo la estabilidad política de la Nación.
Las Constituciones encarnan el pacto social acordado por los ciudadanos. Sus disposiciones recogen los derechos y garantías fundamentales de las personas, los derechos sociales, la protección de la familia, la regulación del trabajo y la seguridad social, el acceso universal a la educación y a la salud de calidad. También reúnen los deberes y derechos políticos de los habitantes de la República, el Estado y su forma de gobierno, el orden económico y las atribuciones de los Órganos fundamentales del Estado y de las instituciones de control. Finalmente establecen el régimen jurídico de las municipalidades, la forma en la que se organiza la administración pública, la regulación de la Hacienda Pública y las responsabilidades de los funcionarios públicos.
Trastocar la Constitución sin un fin concreto, en circunstancias que no permiten un intercambio prudente, técnico y reposado de ideas, elevará el nivel de polarización. Las reformas constitucionales en ocasión del acuerdo de paz ilustran las condiciones y el contexto que estimulan un proceso de este tipo. En aquel momento aspirábamos a la apertura de nuevos espacios políticos, a transparentar el proceso electoral, a garantizar la independencia judicial y a prevenir violaciones a los derechos humanos. La reforma constitucional allanó el camino hacia la paz y la reconciliación nacional.
La administración Bukele ha mostrado una clara tendencia autoritaria. La conducta del presidente al margen de la Constitución ha venido acentuándose en el transcurso de sus primeros 14 meses al frente del Ejecutivo. El gobernante es intolerante a la crítica. Algunos de sus adversarios han sido sometidos a procesos judiciales de dudosa credibilidad. El aparato gubernamental despliega campañas de desprestigio contra todo el que se atreve a señalar reparos a sus iniciativas o proyectos. La presunta negociación con las pandillas para reducir los homicidios evidencia un claro irrespeto al Estado de derecho. El presidente mantiene una campaña en contra de la Sala de lo Constitucional y de la Asamblea Legislativa, no fomenta la armonía social y, por el contrario, su discurso de odio es cada vez más pronunciado.
Nayib Bukele ha optado por la arbitrariedad, el despotismo y la imposición de sus ideas. Existe un alto riesgo de ruptura del orden constitucional por el desconocimiento de las sentencias del máximo intérprete de Ley Fundamental. La Fuerza Armada se ha desviado del rol que le manda la Constitución y la libertad de prensa se encuentra bajo ataque.
La transparencia y la lucha contra la corrupción han encontrado una fuerte resistencia en el actual gobierno. El ente contralor denuncia la falta de colaboración de los ministerios para entregar información, particularmente en la cartera de Agricultura, responsable de ejecutar el proyecto de compra y entrega de los paquetes alimenticios. En otros ministerios, diferentes investigaciones periodísticas han señalado compras irregulares.
El historial de enfrentamientos del mandatario contra la Constitución es largo. Su afán por encontrar caminos cortos para complacer a sus seguidores podría tentarlo a modificar las bases del sistema político salvadoreño. Ni él ni su partido, como grupo parlamentario, tendrán vedado el derecho de pedir cambios a la Constitución. Sin embargo sus “credenciales” serán de conocimiento público y el resto de fuerzas políticas tendrá que tomarlas en cuenta al momento de votar.
Director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES