Populismo y consultas populares

En los últimos 15 años se pervirtió el uso de los mecanismos de democracia directa (MDD). Venezuela, Bolivia y Ecuador los utilizaron para concentrar poder político en el Ejecutivo. La doctrina se refiere a los MDD bajo tres figuras: el referéndum o consulta popular, la iniciativa ciudadana y el revocatorio de mandato. El primero permite que los ciudadanos voten por un tema específico; la segunda abre la posibilidad de agregar en la papeleta de votación una consulta sobre una ley o reforma constitucional; y el tercero, el revocatorio de mandato, allana el camino para que los ciudadanos “pongan fin al cargo de un funcionario electo antes de que se lleve a cabo la próxima elección” (ACE Project). En los tres países citados las consultas populares han sido utilizadas para habilitar asambleas constituyentes, aprobar la reelección indefinida de los presidentes y ratificar nuevas constituciones.
Los MDD pueden surgir desde arriba, cuando los aplican los gobiernos, o desde abajo, cuando los promueven los ciudadanos. En el primer caso, por lo menos así ha sucedido en los últimos tres lustros, se debilita al Órgano Legislativo y se refuerzan las competencias de los presidentes. Los gobernantes, conscientes de que no obtendrán el respaldo de los diputados, recurren al “pueblo” para conseguir la aprobación de una determinada iniciativa. El oficialismo tiene ventajas porque utiliza recursos públicos para promover su opción. Por el contrario, cuando es la sociedad civil la que impulsa una consulta popular o un revocatorio de mandato, escasean los fondos y la campaña difícilmente logra persuadir a la población. Entre 1978 y 2016 se han celebrado 53 consultas populares en América Latina, 39 activadas por el gobierno y 14 organizadas por los ciudadanos.
Sin embargo no siempre triunfa el “deseo” de los gobiernos. Hugo Chávez perdió el referéndum de 2007 cuando intentó reformar la Constitución; en 2016 los bolivianos le negaron a Evo Morales su intención de reelegirse sin límite de tiempo en el cargo de presidente; y un poco más atrás, en 1998, a Pinochet le fue rechazada su pretensión de permanecer en el poder.
El oficialismo tendrá más ventajas en la mayoría de ocasiones, incluso para impedir el ejercicio de los MDD. Nicolás Maduro, en complicidad con Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, uno de los poderes supremos cooptado por el chavismo, retrasó, a conveniencia, la autorización de las firmas exigidas para el revocatorio de mandato. Maduro y Lucena sabían que las encuestas no les eran favorables y que, si la consulta se realizaba en los últimos dos años del gobierno de Maduro, sería el vicepresidente venezolano el que asumiría el cargo. La oposición buscaba ganar el revocatorio dentro de los primeros cuatro años del período presidencial, porque entonces se convocarían elecciones para elegir a un nuevo Jefe de Estado según lo establece la Constitución. La consulta nunca tuvo lugar.
El contexto condiciona los resultados de los MDD. Durante la última década y media, los países en los que se ha promovido la inclusión de estos instrumentos presentan condiciones comunes. Cierta descomposición del Estado, deslegitimación de los partidos, alta inestabilidad institucional, escasa movilización social y conflictividad política (Lissidini, Welp y Zovato, 2008) han caracterizado el ambiente que envuelve a los cambios constitucionales. Erróneamente se cree que consultando de manera directa a la gente e ignorando a los partidos las cosas mejorarán. Suele pasar que los problemas se profundizan porque los mandatarios, sobre todo los autoritarios, persiguen anular a otras instituciones del Estado y, en lugar de consolidar la democracia, debilitan aún más la ya de por sí maltrecha estabilidad de los sistemas políticos.
Por otro lado el discurso populista y la desinformación suelen acompañar a las consultas populares activadas por el oficialismo. En los últimos meses, por ejemplo, Andrés Manual López Obrador, presidente mexicano, solicitó al Congreso la aprobación de una consulta en la que se preguntaría a sus compatriotas si estaban de acuerdo en juzgar a los expresidentes por presuntos casos de corrupción. La suprema Corte de Justicia avaló la consulta pero cambió el texto de la pregunta. Para procesar a un funcionario por malversación de fondos no debe pedirse la aprobación de la gente. Si hay indicios, el proceso se judicializa y se aplica la ley. Pura demagogia.
En este mismo espacio de opinión hemos dicho que los MDD bien utilizados a nivel municipal pueden fortalecer el sistema de representación (Columna del 14-10-2020). Otro tema muy distinto es el de perseguir su incorporación a la Constitución para que sirva de plataforma a proyectos claramente autoritarios.
Director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES