Unos días atrás se desató una ola de críticas en redes sociales con el motivo del pronunciamiento del Papa Francisco sobre su posición a favor de la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, miembros de la comunidad LGBT. Los más dogmáticos reprobaban las declaraciones con vehemencia y violencia, argumentando que esto traería consigo la destrucción de los valores morales de la familia tradicional. Estas posiciones, sin embargo, no se manifiestan de forma aislada: son el pan de cada día de muchas personas que luchan por el reconocimiento y visualización del problema de la discriminación hacia los miembros de este colectivo. Esto evidencia que, en El Salvador, no solo no hemos aprendido a convivir con la diversidad, sino también que somos una sociedad eminentemente intolerante, mientras nos damos golpes de pecho predicando el amor al prójimo.
El problema de la discriminación va más allá de dogmas, preceptos religiosos y concepciones de lo moral. Esta atenta contra las libertades, las condiciones de vida y, especialmente, contra el progreso de nuestras sociedades, el cual se construye únicamente en la medida en que todos los ciudadanos tengan la capacidad de elegir, dentro de los límites impuestos por las leyes, su propia forma de realizarse como seres humanos.
Esta capacidad de autodeterminación debe darse de forma equitativa para todos y se deben crear instituciones encargadas de velar por su protección. Resulta contraproducente vivir en un país donde solo unos pueden llegar a expresarse, actuar y vivir de forma independiente. Por esta razón, las garantías de derechos deben asegurarse sin distinción de género, orientación sexual, condición económica o cualquier otro diferenciador biológico o social.
Entonces, abogar por la promulgación y defensa de los mecanismos legales para asegurar esta igualdad, contrario a lo que algunos podrían pensar, no le corresponde solo a los activistas o personas miembros de ciertos colectivos, sino que constituye un deber de todos aquellos que creemos en el progreso. Los derechos, como las obligaciones, no deben ser excluyentes. No podemos pretender que haya tales como ciudadanos de primer y segundo nivel o, dicho de otra forma, personas que tienen la posibilidad de ser felices y otras condenadas a vivir limitadas por su configuración biológica. Está claro que hay otras causas que demandan la misma atención, como el reconocimiento de los derechos económicos de la mujer, y muchos otros fenómenos sociales que perpetúan la desigualdad, por lo que nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para procurar que todos los conciudadanos puedan vivir igualmente libres y con las mismas oportunidades; una causa no relega a otra cuando el fin último de la lucha es la justicia.
Lastimosamente, el proceso para lograr una sociedad inclusiva y tolerante no es, ni será, sencillo. En primer lugar, una vasta proporción de la población aún se muestra renuente ante los avances en la materia del reconocimiento de la igualdad de derechos, motivada, en buena medida, por influencias de la doctrina religiosa, muy arraigada en la cultura. Luego, los institutos políticos, en quienes se deposita el deber de representarnos civilmente, se pronuncian, en su mayoría, en contra de apoyar estos movimientos, priorizando sus objetivos electorales. Empero, se debe reconocer a algunos partidos y figuras aisladas dentro de estos que se pronuncian a favor de apoyar estas causas, anteponiendo sus ideas al rechazo que estas puedan tener dentro del electorado. Por esta razón, si bien se debe considerar la laicidad del Estado, no se puede negar la influencia que las palabras del Papa Francisco ejercerán dentro de estas dinámicas sociales.
Muchos movimientos y luchas sociales, a lo largo de nuestra historia, han sido minimizadas por distintos grupos que ejercieron en su momento el poder político y social. Un derecho tan fundamental para la democracia en nuestro país como el voto de las mujeres, solo fue reconocido universalmente hasta 1950, poco tiempo atrás. La dinámica natural de la sociedad tiende a la evolución y la apertura hacia nuevos paradigmas de pensamiento. No obstante, estas causas necesitan un móvil que las provoque, por lo que debe ser responsabilidad nuestra ser la semilla que impulse estos progresos en materia de igualdad de derechos y garantía de libertades.
Estudiante de Economía y Negocios, presidente del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE), ESEN