La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que a partir de este 25 de septiembre abre concurso para la elección del nuevo secretario ejecutivo de esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Con esto, aparentemente se cierra un capítulo de fuerte tensión entre la comisión y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien, sin respetar la normativa interna del organismo, anunció públicamente que no renovaría la contratación de Paulo Abrão debido a denuncias por acoso laboral supuestamente cometidos por el ahora exsecretario ejecutivo de la CIDH.
Con el eufemismo de que no se obtuvo la “formalización administrativa” de la renovación del mandato de Abrão para cuatro años más que fue decidida en pleno y por unanimidad por los siete comisionados de la CIDH desde enero del presente año, la autonomía de esta institución queda lesionada y deja el sinsabor de que la elección del nuevo secretario ejecutivo sufrirá injerencias destinadas a que el funcionario electo responda a los intereses del secretario general y sus alianzas. Esto es la preocupación principal que mueve a voceros estatales y organizaciones defensoras de los derechos humanos en todo el continente a pronunciarse para que no se pase la página de este grave precedente.
La CIDH esta llamada a predicar con el ejemplo en materia de derechos humanos. Nadie discute que, en caso de darse hechos violatorios a derechos laborales al interior de la OEA, estos deben ser corregidos, así como también deben observarse los derechos de cualquier funcionario que sea señalado por violentarlos, entre ellos, el derecho al debido proceso. No ha sucedido así en la decisión de Almagro que, basado en un informe entregado por la ombudsperson de la organización, la colombiana Neida Pérez, procedió a una separación de facto del cargo de secretario ejecutivo, negándole a éste oportunidad de defensa.
Después de varias semanas de profesional silencio hasta que formalmente fuese informado de manera institucional del fin de su mandato, Abrão expone en una carta pública que su primer compromiso es con el derecho fundamental de denunciar por parte de todas aquellas personas que sientan que sus derechos se ven afectados, por lo que plantea su profundo respeto a las y los denunciantes contra su gestión. Apela, no obstante, al cumplimiento de los procesos conforme la normativa y ante la autoridad competente, o de lo contrario, señala, “…existe el riesgo de que las denuncias no sean debidamente atendidas en detrimento de los derechos de las personas que las presentaron”, dando lugar a “…la instrumentación política de la voz de las víctimas y de generar nuevas víctimas, cancelando la reparación, impidiendo el aprendizaje institucional y la no repetición”.
Efectivamente, no se trata de la defensa sin sentido de una persona frente a una función pública de peso internacional. Se trata de la instrumentalización de un reporte que violentado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es utilizado para violentar el derecho al debido proceso legal como valor jurídico protegido en un proceso disciplinario, que, en este caso específico, ni siquiera fue abierto, dándose, como Abrão lo califica, un tribunal de excepción mediático que por ética y convicción es inaceptable para el jurista brasileño.
Es difícil pensar que a un funcionario internacional, que no duda en calificar de “voces histéricas” a los que advierten sesgos dictatoriales en el perfil autoritario de un presidente que asalta militarmente al congreso de su país, le puedan preocupar genuinamente los derechos laborales. Ninguna de las 61 quejas contra la secretaría ejecutiva referidas por la ombudsperson en su reporte, habían sido investigadas hasta el mes de agosto y no todas han sido específicamente contra Abrão, quien nunca fue notificado de un proceso o acción administrativa.
El actual presidente de la CIDH, Joel Hernández, ha señalado que gobiernos latinoamericanos como Chile, Paraguay, Brasil y Colombia cuestionaron el año pasado a la Comisión señalándola por inmiscuirse en asuntos internos contra la soberanía de estos países. El pago de favores políticos mediante el sacrificio de una pieza clave incómoda para violadores de los derechos humanos en las Américas es también una forma de corrupción, así como también lo es coaccionar y condicionar el cargo o financiamiento de una persona o institución a cambio de su docilidad.
Miles de trabajadores y trabajadoras han sido despedidos u obligados a renunciar o aceptar condiciones laborales injustas e indignas aprovechado que en el contexto de COVID-19 los mecanismos de defensa y protección de derechos laborales se han visto afectados. También bajo pretexto de la pandemia muchas gestiones estatales y no estatales han evidenciado su corte autoritario obviando o rechazando abiertamente normas de respeto a la institucionalidad democrática y derechos humanos. La inquietud que ronda en el aire es si la CIDH tendrá la independencia indispensable para pronunciarse y proteger a las víctimas de este tipo de abusos frente a los Estados cuando en su propia casa se ha dado un antecedente de esta magnitud.
Conforme lo afirmado ya por la Alta Comisionada de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, esta es una situación muy perjudicial que corre el riesgo de minar la independencia y la probada eficacia de la CIDH. De por medio esta la afectación de las muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos que ven en riesgo la credibilidad de uno de sus principales bastiones. Queremos pensar, nos urge creer, que el final de esta historia aún no esta escrito.
Periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz.