Hay sectores de la población que carecen de voz en la política salvadoreña. Los desempleados, los jóvenes y las mujeres en condiciones vulnerables y los trabajadores explotados y mal pagados merecen atención inmediata. Sin embargo, el mayor obstáculo para ocuparse de las necesidades de estos colectivos es su desconocimiento por parte del público general. A continuación, se profundizará en la situación de descuido de dos instituciones estatales.
El Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez es el único de su especialidad en el país. Por desgracia, imperan ahí las camas llenas de orina, las plagas de ratas y gatos silvestres, etc. Las instalaciones están tan descuidadas que provocan enfermedades a los pacientes, sobre todo en el pabellón penitenciario del hospital, que está ocupado en un 245 % de su capacidad, según datos del Portal de Transparencia. El personal ha expresado que ahí se propagan enfermedades como la tuberculosis; el año pasado, se reportaron en el área veinte contagios de COVID-19. Este tipo de descuidos desembocan en casos como el de Víctor Álvarez, quien adquirió gangrenas por una herida en el pie.
También hay que mencionar al Centro de Educación Especial en San Martín, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. El recinto alberga actualmente a 76 adultos incapaces que fueron abandonados en su niñez y no consiguieron un hogar. Ya en 2013, el reportaje “Los hijos del Estado” mostraba fotografías del local. Ahí se evidencian las pobres condiciones de las instalaciones del centro, además de carencias como falta de recursos y de un sistema de recolección de basura. En estas circunstancias, algunos internos salían a buscar comida entre la basura; otras personas padecían de un hongo en la piel. Hoy en día, ciertas condiciones han mejorado. En 2014, se instaló internet y se construyó un muro de seguridad en el Centro, pero el descuido crónico del lugar se sigue exhibiendo y algunos de los informes de rendición de cuentas de los últimos años ya no lo mencionan. Esto puede deberse a que los internos ya no son menores de edad, y tanto el ISNA como organismos de derechos humanos visibilizan primordialmente los problemas de la niñez y la adolescencia. El año pasado, el ISNA anunció en su cuenta de Twitter que representantes del Ministerio de Obras Públicas estaban inspeccionando el Centro para evaluar las instalaciones. Se espera que se trabaje al respecto.
Lo más lamentable de esta situación es que solo grupos muy específicos experimentan las paupérrimas condiciones de estos institutos; la marginación se agudiza porque los familiares de muchos de los internos se han desentendido de ellos (según alegatos expuestos en el reportaje “La caverna de Choreja”, de 2012, el personal del Hospital Psiquiátrico empezó a pedir voluntarios para convivir con los internos, puesto que la mayoría nunca recibe visitas). Otros entes del Estado no ayudan mucho: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha dicho poco al respecto. En una respuesta a la resolución 48-2020, de solicitud de acceso a la información pública, el ente expresó que se hacían recorridos periódicos en el bastión penitenciario del Hospital de Psiquiatría, pero no se han publicado informes porque contienen información confidencial sobre los internos.
Por otra parte, no se suele profundizar en estos temas porque para debatir es necesario abstraer ciertas situaciones y presentar planteamientos concisos. En este punto, además de iniciar debates sobre cómo tratar la problemática, podemos ayudar con acciones ciudadanas. Una opción ideal es realizar donativos a estas instituciones. También, debemos ejercer contraloría ciudadana y darle seguimiento a la gestión que se le da a estos centros.
Del mismo modo, los gobiernos deben buscar los mecanismos para tratar estas problemáticas. Se están haciendo avances; sin embargo, también es necesario reformar el modus operandi respectivo; debe asegurarse que cada gestión vigile continuamente las condiciones de estos lugares. De lo contrario, aunque se compren nuevos materiales, los centros volverán a envejecer. Para facilitar este proceso, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debe hacer más investigaciones de oficio en estas instituciones sociales, así como publicar informes que enlisten condiciones que atenten contra la dignidad de los internos, sin publicar sus datos privados.
Con lo anterior se pretende explicar que deberíamos investigar sobre algunos sectores descuidados. Cuando se consideran los males del país, debemos recordar la existencia de sectores que sufren de males que algunos quizá ni imaginamos; solo así tomaremos el impulso de investigar sobre sectores invisibilizados. Es triste que institutos como los mencionados salgan a la luz por infames negligencias; pero, cuando ello suceda, habrá que indagar en el funcionamiento de este tipo de entes sociales para poder ayudarles.
Estudiante de Ciencias Jurídicas/Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)