¡Paren las tinterillladas!

Se ha creado desde CAPRES, entonces, un peligroso LIMBO JURÍDICO, pues materialmente existen tanto un estado de emergencia como una cuarentena domiciliaria generalizada en todo el país, ¡pero sin respaldo legal!, que jurídicamente son nulos, que carecen de validez.

Por Enrique Anaya
Abogado constitucionalista

May 21, 2020- 16:37

PUSIESQUE…como en estos días todo gira alrededor de un virus, utilicemos metáforas de expresiones médicas, por lo que comento que la “hemorragia de tinterilladas” del Órgano Ejecutivo en esta crisis —sanitaria, económica y política— es masiva, profusa y severa, con el evidente riesgo de causar un shock hemorrágico, generando la necrosis de la incipiente democracia salvadoreña. Como ciudadano reclamo, entonces, tanto a la Presidencia de la República (CAPRES), pero sobre todo a quienes dicen asesorar jurídicamente al Presidente, al supuesto “equipo jurídico de la Presidencia” (EJ-CAPRES), ¡paren las tinterilladas!
Esa “hemorragia” en CAPRES es sumamente peligrosa, ya que no solo constituye la evidente intención de desbaratar la institucionalidad democrática, tanto al obviar y/o invadir funciones y competencias de la Asamblea Legislativa (AL), como desobedecer y/o burlar decisiones judiciales (específicamente, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -SCn/CSJ-), sino porque es causa de inseguridad jurídica, de grave incertidumbre normativa, que provoca que los ciudadanos no sepamos a qué atenernos, colocándonos en el riesgo de padecer sanciones claramente ilegales, incluso de ser sometidos a prisión de modo arbitrario.
Cada vez es peor ese flujo sangrante desde CAPRES, pero el 19/mayo/2020 sí que se desbordó.
Durante la mañana del 19/mayo/2020, quienes se dicen EJ-CAPRES anunciaron, en conferencia de prensa, el Decreto No. 19 (DE 19), emitido por el Presidente de la República, mediante el cual se declaró “estado de emergencia nacional”: de no ser tan peligroso, el DE 19 sería un chiste, ya que en realidad, el citado DE 19 es por un lado, un evidente y ordinario intento de burlar la medida cautelar de suspensión de los efectos del DE 18, que dictó la SCn/CSJ en un proceso de inconstitucionalidad, así que CAPRES incurre en desobediencia a mandato judicial, desacata una orden judicial expresa; y, por otro lado, una burda excusa para alegar que el Órgano Ejecutivo aplicará el artículo 72, letra b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y así hacer compras y contrataciones directas, sin licitación.
Y en la tarde del mismo 19/mayo/2020, la hemorragia en CAPRES se agravó, ya que de nuevo apareció en escena el EJ-CAPRES y anunció el Decreto Ejecutivo No. 26 (DE 26) en el Ramo de Salud, mediante el cual el Ministro de Salud (MINSAL) decretó “cuarentena domiciliar en todo el territorio nacional”: realmente, el DE 26 es copia, en mucho, del DE 24 (antes DE 22), que constituía el desarrollo del Decreto Legislativo No. 639, que contenía lo que se conoció como “ley de cuarentena”, con la acotación de que ya no existe dicha ley, pues su vigencia expiró el 19/mayo/2020, a las 24 horas: entonces, como no existe ley de cuarentena, en puridad, el DE 26 es, simple y llanamente, un RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN, ya que establece una serie de restricciones a derechos constitucionales, como la libertad física o personal, la libertad de circulación, la libertad económica, etc. Estamos, pues, en régimen de excepción dispuesto por el MINSAL. Se ha creado desde CAPRES, entonces, un peligroso LIMBO JURÍDICO, pues materialmente existen tanto un estado de emergencia como una cuarentena domiciliaria generalizada en todo el país, ¡pero sin respaldo legal!, que jurídicamente son nulos, que carecen de validez. Y para colmo, el EJ-CAPRES asevera en sus presentaciones públicas, la existencia y vigencia de reglas que en realidad ¡no existen!, pues de palabra se inventan restricciones que no constan ni en los decretos ejecutivos, y hasta anuncian de motivos de detención que no aparecen en ninguna norma. Así que como ciudadano reclamo que ya detengan esa inconstitucional, ilegal y confusa maraña normativa.

Abogado constitucionalista.

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