Las deslucidas elecciones en Bolivia nos recuerdan tres requisitos fundamentales para el cabal funcionamiento de la democracia: la importancia estratégica de la observación electoral, las consecuencias que produce la falta de credibilidad de los organismos electorales y la necesidad de una sociedad civil comprometida con el Estado de derecho.
En su informe preliminar, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó la celebración de una segunda vuelta. Fundamentó su iniciativa en las irregularidades detectadas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El cambio de los porcentajes de votos asignados por el TREP a los dos principales candidatos entre la noche del evento y el día siguiente, con una interrupción de por medio, caldeó los ánimos de la oposición que vio disminuida su ventaja y prácticamente anulada la posibilidad de un balotaje. La OEA desempeñó un papel protagónico llamando a la calma a los ciudadanos. También exigió a la autoridad electoral que expusiera las razones por las que se detuvo el conteo preliminar por casi 24 horas.
La OEA conoció sobre la molestia de distintos partidos políticos por la inequidad de la competencia. Evo Morales, presidente y candidato a la reelección, utilizó fondos públicos para realizar campaña a su favor. Lo hizo promocionando inauguraciones de obras y programas a pesar que la ley electoral prohíbe la emisión de propaganda gubernamental en los últimos 30 días de la contienda. El “ventajismo oficial” juega a favor del aspirante de gobierno porque le permite persuadir a los votantes mostrándoles los supuestos logros de su administración y pidiéndoles la continuidad en el cargo.
El Secretario General del organismo hemisférico, Luis Almagro, aceptó la solicitud del gobierno boliviano para realizar un análisis de integridad electoral. Se trata de una especie de auditoría en la que se verificarán, entre otros aspectos, los cómputos y datos estadísticos de los resultados. La OEA ha solicitado que sus conclusiones sean de carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento.
Por otra parte, el árbitro electoral no cumplió sus funciones en forma imparcial. Las decisiones que tomaron sus integrantes debilitaron la institucionalidad electoral. Un año antes de la elección, según el informe de la OEA, renunciaron la presidenta, el vicepresidente y un vocal del TSE, lo mismo que varios funcionarios técnicos del tribunal, algunos de ellos con puestos de dirección y amplia experiencia. La salida voluntaria del vocal del TSE, Antonio José Iván Costas, dos días después de la elección, señalando como motivo de su separación “la desatinada decisión de la sala del TSE de suspender la publicación de los resultados del TREP” confirmó la denuncia de la OEA acerca de la inestabilidad provocada por el organismo electoral y el incremento de los niveles de desconfianza.
La autoridad electoral ejerce un papel de primer orden en todo proceso comicial. Le corresponde organizar la competencia, vigilar el comportamiento de los contendientes y aplicar las sanciones en caso de violaciones al orden jurídico. Tiene que garantizar el ejercicio libre y secreto del sufragio a los electores y promover condiciones de igualdad entre los candidatos. Si retrasa la impartición de justicia o interpreta la ley orientado por motivaciones partidarias anula la voluntad ciudadana y contamina la legitimidad de las elecciones.
En 2016 los bolivianos rechazaron las pretensiones reeleccionistas de Evo Morales. El 51.3% votó en contra de las aspiraciones del gobernante para buscar un segundo mandato. Ante la catástrofe de ese mecanismo de democracia directa, Morales recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una instancia claramente inclinada hacia los intereses del oficialismo, que terminó resolviendo a su favor. La misma historia ocurrió en Nicaragua y Honduras. El TCP estableció que “no existía impedimento legal a la participación del presidente en la elección”. La participación de la sociedad civil organizada como garante de la separación de poderes es fundamental. Su reclamo en favor del correcto funcionamiento del sistema político toma aún mayor relevancia cuando los que detentan el poder quieren ignorar los límites legales con la excusa que representan un obstáculo para resolver los problemas de la gente.
La crisis boliviana nos previene sobre lo fácil que resulta alterar los resultados de las elecciones en pleno siglo XXI. La combinación de un organismo electoral cuya independencia se encuentra en entredicho, la manipulación de los mecanismos informáticos encargados de procesar los resultados, la inequidad de la disputa electoral y el secuestro de las entidades públicas obligadas por Constitución a controlar a sus pares en otros Órganos del Estado, facilita los fraudes electorales. La última palabra la tiene la población. Solo la presión ciudadana puede detener las ansias autoritarias de quienes quieren permanecer en el poder aún en contra de lo que dictan las urnas.
Doctor en Derecho y politólogo