Al final de la tarde del pasado 24 de julio, mientras la selección salvadoreña jugaba contra Qatar, el Vicepresidente Félix Ulloa dio a conocer la que bien podría terminar siendo la cuchillada final a nuestra República. Hablo de una serie de 196 reformas constitucionales que pretende aplicar el equipo Ad Hoc liderado por Ulloa. Entre estas reformas se contempla ratificar, vía referéndum, modificaciones a la Constitución de la República. Esto, además de temor, genera demasiadas dudas que son completamente válidas al contemplar los actos autoritarios que le preceden al oficialismo de Bukele.
Una reforma constitucional debe aprobarse por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y ser ratificada por la siguiente legislatura, es decir, que se requieren de dos ejercicios legislativos para que esto se apruebe acorde a nuestro marco constitucional. En este caso las reformas tendrían que ser aprobadas por la legislatura 2021-2024 y ser ratificadas por la legislatura 2024- 2027. Lo que genera incertidumbre es la poca claridad con la que habla el Vicepresidente Ulloa en torno al referéndum; pareciera que están contemplando algo ilegal: aprobar las reformas en la legislatura actual e inmediatamente convocar a referéndum para que, aprovechándose de la popularidad con la que sigue contando el Presidente Bukele, la ciudadanía vote y las ratifique. Esto se traduce en una estocada final y muy probablemente abra camino a la reelección presidencial para los próximos comicios de 2024. Después de 90 días del golpe que le dieron a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General, sería ingenuo pensar que el oficialismo no se atrevería a ejecutar semejante atropello.
Comunicacionalmente hablando, septiembre podría ser el mes decisivo para la movida populista/autoritaria del oficialismo. La celebración de los 200 años de independencia de Centroamérica muy probablemente es el suceso oportuno que marcó la pauta para que el Presidente Bukele anunciara que es en ese mes que presentarán el proyecto de reformas a la Constitución, además que entraría en vigencia la Ley Bitcoin y que leyendo entre líneas las declaraciones de la diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, también tendrían previsto aprobar la Ley de Aguas en septiembre. Con esta serie de acciones estarían cumpliendo algo que prometieron pocos meses atrás: refundar la República. Después de septiembre es muy probable que ya no haya vuelta atrás; entiendo que hay algunas personas que guardan demasiada prudencia por temor, pero es necesario e imperante que otros estemos dispuestos a defender la República hasta las últimas consecuencias.
A sabiendas de todo esto, es urgente que nos unifiquemos, ya no solo debemos hablar de fortalecer a la oposición política, sino de construir una oposición ciudadana amplia. Las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos sociales deben dejar atrás su roña con los partidos políticos y los políticos debemos ser capaces de no mezclar lo partidario y solo incidir con base en nuestros liderazgos propios; los periodistas también deben estar representados en este frente ciudadano, ya sea por cuenta propia o por figuras interlocutoras que respeten la imparcialidad y el rigor del periodismo. Esto supera por mucho a las ideologías, esto es cosa de genuinos demócratas. Este es el único camino y se abriría tarde o temprano, desde luego ya es más tarde que temprano.
Comunicólogo y político