El artículo 102 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad económica. De él la Sala de lo Constitucional configuró el principio del libre acceso al mercado.
Este principio, dice la Sala, tiene dos manifestaciones: libre concurrencia y libre competencia. Y la Sala así los explica: “La libre concurrencia se refiere a la existencia de sectores económicos abiertos a la participación de los distintos agentes económicos públicos o privados, lo cual implica el acceso de todos los sujetos interesados en producir bienes o prestar servicios sin limitación o restricción alguna. Por su parte, la libre competencia supone la participación, bajo reglas comunes, de distintos agentes económicos en el interior de un mercado en específico y ya establecido, los cuales han superado las barreras de entrada —libre concurrencia— que eventualmente pueden existir” (amparo 408-2009).
De ese modo, el Estado no debe crear barreras injustificadas o desproporcionadas que limiten el acceso al mercado, ya sea en su dimensión de libre concurrencia o de libre competencia. De hacerlo estaría vulnerando un principio del orden económico constitucional y el derecho a la libertad económica de sujetos particulares.
El Estado puede obstaculizar el libre acceso al mercado no solo de manera deliberada, sino que también por deficiencias en su administración. Y es precisamente eso lo que hemos visto en las últimas semanas. Las imágenes de filas kilométricas de furgones en las fronteras son el retrato de cómo se ven las barreras al mercado causadas por fallos en la administración pública. Aquí no son agentes económicos quienes obstaculizan la competencia; es el Estado.
Los problemas que desde hace un mes enfrenta la Dirección General de Aduanas para implementar la Declaración Única Centroamericana (DUCA) no solo lo están pagando los importadores, también impacta en los consumidores.
En una economía tan pequeña como la nuestra la apertura al comercio mundial es estratégica para inyectar dinamismo en los mercados; y de esa competencia internacional se beneficia el consumidor.
La implementación del DUCA ha agravado el problema. Pero las barreras no arancelarias en aduanas eran ya un problema crónico. En enero, Fusades publicó el Informe de Coyuntura Legal e Institucional correspondiente al segundo semestre de 2018; ahí reseñó los resultados para El Salvador del Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial; dijo: “En este se califican a 167 países con puntuaciones del 0 al 5, siendo esta la máxima puntuación, creándose un ranking con los resultados obtenidos. En el informe de 2018, El Salvador se ubica en la posición 101/160 con 2.58 puntos, descendiendo 18 lugares al compararlo con el índice de 2016. El retroceso se debe a una disminución en las calificaciones en cuanto a: la facilidad para organizar envíos internacionales a precios competitivos, la competencia y calidad de los servicios logísticos, la capacidad de rastrear envíos y la frecuencia con la que los envíos llegan a los consignatarios dentro del tiempo de entrega programado”.
Estamos en un mundo en que la tendencia es el intervencionismo y construir muros. Pero si El Salvador se encierra en sí mismo, su destino es el fracaso. Nuestra única opción es abrirnos al mundo e impulsar la competencia internacional.
Las barreras a la competencia internacional impactan nuestra economía, pero, en el plano jurídico, también suponen una violación material al principio constitucional de libre acceso al mercado, y al derecho a la libertad económica de sujetos concretos.
Si lo que queremos es defender la competencia, el libre mercado, y el orden económico constitucional, debemos reconocer la gravedad del daño que provocan las barreras no arancelarias que se gestan en la administración aduanera. Es preciso identificarlas y removerlas de inmediato.
Abogado @dolmedosanchez