La negativa del Órgano Ejecutivo —sobre todo, del Ministro de Hacienda (MH)— a transferir los fondos necesarios para pagar la planilla de la Asamblea Legislativa (AL) es una escalada más en las prácticas autoritarias de la actual administración presidencial (CAPRES). Se trata, definitivamente, tal negativa, de un vulgar e ilegal CHANTAJE.
Ya en mayo de este año, CAPRES amenazó que no pagaría los sueldos de los empleados y funcionarios los otros órganos fundamentales del Estado, el Legislativo y el Judicial. Ahora, esa amenaza se ha hecho realidad.
En los últimos días, algunos funcionarios de CAPRES publicitan la inverosímil y grosera mentira de que los fondos no se transfieren a la Asamblea Legislativa en tanto que no hay dinero en las arcas estatales. Eso es rotundamente falso, ya que CAPRES, por ejemplo, continúa gastando ingentes recursos en su campaña propagandística.
Además, algunos funcionarios de CAPRES han dejado en claro que la no transferencia de fondos a la Asamblea es, simple y llanamente, una coacción para intentar doblegar la voluntad legislativa:
Primero fue el MH, quien el 30 de septiembre declaró que no haría efectiva la transferencia a la Asamblea mientras los diputados no aprobaran algunos préstamos, es decir, se condicionó el pago de salarios a los empleados y funcionarios legislativos a que se “obedeciera” una exigencia de CAPRES.
Y, si por alguna duda quedaba, el 1 de octubre, el asesor del asesor del equipo (anti) jurídico de CAPRES escribió en su cuenta de Twitter lo que únicamente puede entenderse como admisión —“confesión”— del chantaje, ya que ante la queja de un diputado por la no transferencia de fondos, el funcionario de CAPRES escribió, con propósito intimidante: “Esta es la consecuencia de limitar y obstaculizar la función del Ejecutivo”.
Así, pues, alguien que afirma asesorar jurídicamente a CAPRES está diciendo, en el fondo, ante un reclamo por un acto inconstitucional e ilegal: “O hacen lo que en CAPRES queremos, o se atienen a las consecuencias” (y pensar que, según dicen por ahí, ese asesor del asesor, un “especialista” en derecho golpista, es a quien CAPRES impulsará en 2021 como el próximo presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia…Dios guarde).
Es evidente, entonces, por las declaraciones y expresiones de funcionarios de CAPRES, que la negativa a la transferencia de dinero para pago de la planilla de la Asamblea es, única y exclusivamente, una medida de coerción, una amenaza de daño (el no pago de salarios) para los empleados y funcionarios legislativos.
Ante tan zafia conducta de CAPRES y sus funcionarios, es indispensable que los órganos de control actúen con la debida urgencia, impidiendo que se profundice la afectación a miles de empleados y funcionarios públicos, y que no se extienda el inconstitucional estado de cosas provocado —con todo dolo— por CAPRES.
Así, ojalá que, por una parte, la Fiscalía General de la República (FGR) realice inmediatamente las investigaciones y disponga las órdenes necesarias para afrontar que los eventuales delitos —“en flagrancia”, pues cada día que no se paga persiste la conducta ilegal— no se prolonguen; y, por otra parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) emita con urgencia las medidas cautelares tendentes a evitar que los empleados y funcionarios legislativos sigan sufriendo los perjuicios causados por la falta de pago de sus salarios.
Debemos exigir e insistir que las instituciones de control funcionen, con prontitud y eficacia, pues CAPRES ya demostró que no tiene ningún reparo —ni moral, ni ético, ni legal— en violar la Constitución y las leyes, llegando, en este caso, al extremo del chantaje.