Mientras los ciudadanos, sectores y organizaciones sociales nos pronunciamos por los desatinados comentarios del Presidente de la República sobre los Acuerdos de Paz, su gobierno y el partido oficial avanzan en un plan que despliega un abierto mecanismo de clientelismo político y de violaciones a la legislación electoral dirigido a multiplicar su poder político a través de las elecciones del próximo mes.
La calificación como “farsa” y “negocio” que el mandatario hizo sobre el Pacto de Chapultepec ha merecido la condena internacional y la de todos los salvadoreños que testimoniamos la transformación política del país desencadenada por aquella gesta patriótica. Además, las expresiones del gobernante significan un agravio, un enorme ultraje a la memoria de los cientos de miles de víctimas del conflicto armado. Las decenas de relatos publicados en Twitter con el hashtag #ProhibidoOlvidarSV son apenas una de las tantas demostraciones de lo profunda que se encuentra la herida y, al mismo tiempo, del sentimiento de gratitud por el desenlace ocurrido el 16 de enero de 1992 cuando los firmantes suscribieron las páginas que restauraron la institucionalidad y que abrieron espacios políticos a sectores históricamente excluidos.
La paz trajo consigo nuevas reglas electorales, la defensa de los derechos humanos, la creación de nuevas instituciones y la garantía que estas últimas actuarían en forma independiente del Ejecutivo. Se trata precisamente de los aspectos cuya trasgresión se ha precipitado con mayor intensidad durante el último año y medio con la asunción del presidente Bukele al poder. Su desprecio y el de varios de sus funcionarios a los logros obtenidos hace 29 años reivindican las destrezas más peligrosas de las manifestaciones populistas y autoritarias que amenazan a la democracia en prácticamente toda América Latina.
El vilipendio a los Acuerdos de Paz forma parte de una estrategia electoral orientada a profundizar la repugnancia de la gente en contra de los partidos “tradicionales”. La táctica sería aceptable si se respetaran las reglas electorales. Aunque siempre recibiría un generalizado repudio, no quebrantaría el orden jurídico y sería una evidencia adicional del comportamiento déspota del actual gobierno. Sin embargo la realidad es otra. Existe campaña adelantada, se promueve el ventajismo oficial respaldando las candidaturas del partido de gobierno a través del impulso de obras y entrega de bienes (lo cual beneficia a la población, pero la forma y el momento no son los correctos), se manipulan los programas en contra de la oposición política (retraso en el pago del FODES) y, lo más grave, los funcionarios, incluido el presidente, se prevalecen de sus cargos para hacer política partidaria.
En México, donde también se celebrarán unas elecciones trascendentales, el presidente López Obrador hace proselitismo olvidándose por completo de la investidura presidencial que le fue otorgada a partir del 1º de diciembre de 2018. Después de la reforma electoral aprobada en 2014, el 6 de junio de 2021 habrá unas elecciones intermedias para designar 500 miembros de la cámara de diputados federales. En dichos comicios se elegirán simultáneamente los puestos a cargos federales y locales en 32 entidades mexicanas. López Obrador se juega las mayorías con las que ha contado hasta ahora en los distintos estadios de poder. Por eso ocupa sus conferencias “mañaneras” para promover candidaturas, obras de gobierno y el supuesto beneficio que significa para sus compatriotas que él siga contando con la bancada más robusta en el Congreso. El Instituto Nacional Electoral (INE), la instancia equivalente al TSE en El Salvador, ha impedido que el mandatario mexicano se aproveche del estrado que detenta para favorecer a su partido. “Las mañaneras —señaló el consejero del INE, Ciro Murayama— que se realizan con recursos públicos en Palacio Nacional, no pueden usarse para desequilibrar la contienda política electoral”.
Ni la guerra ni la paz fueron un “negocio” como las calificó el presidente Bukele en sus redes sociales. Representaron un trance necesario para mudar una forma de democracia que venía siendo estrangulada desde décadas atrás por los fraudes electorales y por la falta de autonomía en el proceder de las instituciones que ejercen control político. En la coyuntura electoral en la que nos encontramos, corresponde principalmente al TSE aplicar severamente la ley sin contratiempos ni preferencias a favor de uno u otro actor político. Si lo hace bien, las crónicas futuras y los ciudadanos se lo reconocerán; si actúa complacientemente, además de las posibles consecuencias legales, sus integrantes serán recordados como los impulsores de un gran “negocio electoral” que impidió la limpieza, la imparcialidad y la equidad de los comicios en 2021.
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona