El pasado jueves, la agencia estadounidense de inmigración y fronteras (mejor conocida como ICE) ejecutó una redada en el estado de Missouri. La hicieron en plena jornada laboral, en una planta empacadora de comida, porque sin duda el lugar donde se puede encontrar más inmigrantes de una vez es en el lugar de trabajo, haciendo lo que muchos vinieron a hacer a los Estados Unidos por no tener opciones en los países que dejaron atrás: trabajando, no envueltos en operativos criminales o abusando de los sistemas de asistencia, sino contribuyendo activamente a la economía del país en el que muchos han ahora establecido familias, costumbres, hogares. La redada tuvo un recaudo de cientos de inmigrantes detenidos por no tener documentos: alrededor de seiscientos. Las autoridades justificaron los operativos sorpresa en que consistían en una excelente medida para castigar a los empleadores que contratan personal indocumentado y que así ponían sobre aviso a plantas de producción con similares prácticas.
Mientras tanto, en una escuela de la zona, varios niños se quedaron preguntando por qué no venía nadie a recogerlos. Las verdaderas víctimas de las redadas masivas no son los empleadores a los que Trump pretende enseñar una lección: son los miles de niños que viven con la angustia de que a sus padres se los pueden llevar en cualquier momento. Son los niños que se despiden sin saber si su adiós fue el último. Los que crecen temiéndole a las autoridades y aprenden, por lo tanto, a evitar llamar a la policía o a cualquier ambulancia incluso en casos de emergencia o criminalidad porque cualquier paso en falso puede resultar en la disrupción de su familia.
Muchos de estos niños han relatado sus historias en cámara para distintos noticieros. En sus plegarias a las autoridades para que les devuelvan a sus padres, explican también que ninguno de ellos son criminales, que trabajan para que nada les falte, y que aman a este país. Niños de 6 ó 7 años, que no tendrían por qué entender de políticas públicas ni de partidos políticos, forzados a convertirse en activistas de la noche a la mañana para preservar la unidad de sus familias, sin poder tomarse el tiempo para procesar el evento traumático del que acaban de ser víctimas.
Las protestas y críticas obligaron a las autoridades a revertir el curso y en el caso de Missouri, a poner en libertad a alrededor de 300 detenidos por “razones humanitarias”, puesto que de alguna manera había que solucionar la crisis auto-infligida de tener gimnasios escolares abarrotados de niños sin nadie que pudiera ir a buscarlos para llevarlos a su casa. Sin embargo, haber revertido el curso a medias en nada soluciona el verdadero problema: un sistema migratorio complejísimo, carísimo de navegar y diseñado a todas luces para desincentivar la inmigración autorizada.
Y razones para reformar el sistema sobran: muchos de estos niños son ciudadanos estadounidenses y es a estos a los que su gobierno les debe, por pura justicia, una acción que pueda compensar por el trauma al que los continúan sometiendo en nombre de su propia seguridad.
Lic. en Derecho de ESEN, con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. @crislopezg