La transparencia nunca le ha hecho daño a nadie. A ninguna institución ni gobierno debe causarle problema que la población solicite algo que le pertenece: la información pública. En el año 2012 la Sala de lo Constitucional definió el derecho de acceso a la información pública como el “oxígeno de la democracia”. Y no es para menos. Contar con información sobre cómo los funcionarios están llevando los asuntos públicos es el mecanismo que permite a la ciudadanía involucrase en la toma de decisiones estatales. Esto es lo que permite controlar, prevenir y sancionar las malas prácticas y los actos de corrupción.
Una de las formas por las cuales esa información pública se enlaza con hechos, a los papeles se les pone un rostro y varios asuntos adquieren sentido, es por el periodismo y el trabajo de los medios de comunicación. Y es dicha labor la que permite que la información se socialice con la comunidad. En ese sentido, ningún funcionario consciente de la necesidad de transparencia y de acceso a la información debería incomodarse con las labores de estos medios y periodistas.
La semana pasada fuimos testigos de la importancia del control ciudadano y de la labor periodística. El presidente de la República separó de su cargo al presidente del Fondo Ambiental de El Salvador debido a que una empresa de la propiedad de éste suscribió un importante contrato con el Ministerio de Salud para la fabricación de insumos médicos para la emergencia por la pandemia. Las investigaciones iniciales sugerirían que las máscaras de protección facial se vendieron al Estado con sobreprecio. Pero además de esto, un asunto trascendental a seguir cuestionando es el hecho de que el Estado haga negocios con sus funcionarios. No se puede mezclar la función pública con los negocios con el Estado, pues esto puede dar lugar a la corrupción.
La Sala de lo Constitucional, en la sentencia del proceso de amparo 375-2011, realizó una importante síntesis del rol de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y los medios de comunicación en una república. Señaló que “el ejercicio de las libertades de expresión e información […] desempeña una función esencial en una sociedad democrática, ya que la crítica al poder —entendida como cuestionamiento de las políticas públicas y medidas estatales concretas—, con el consiguiente planteamiento de alternativas, facilita que en un proceso de ensayo y error se encuentren las políticas y medidas que mejor satisfacen las necesidades de los individuos y de la colectividad. Por ello, el fin perseguido por la Constitución al reconocer las libertades de expresión e información es el de generar una opinión pública libre en la que se discutan, tan intensamente como sea posible, los aspectos relativos a la conducción de la cosa pública que los ciudadanos apoyan o buscan su modificación”.
La sentencia mencionada agrega que “los medios de difusión juegan un rol fundamental, ya que son un instrumento que le permite a la sociedad acceder a información de relevancia pública al facilitarle la búsqueda, recepción y difusión de información. De forma correlativa, se espera que dichos medios desempeñen con responsabilidad, ética y apego a la verdad su función de informar, ya que la libertad de información también es un derecho limitado en la Constitución”.
El periodismo y el control ciudadano tienen un valor trascendental para cualquier sociedad, pues ayudan a descubrir y poner en la palestra pública casos como el del expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador. Este trabajo, en muchas ocasiones, sirve como luz que alumbra el camino de las instituciones públicas de control. Contarle las costillas al Estado y brindarle información a la sociedad es una labor a la que debe garantizársele plena libertad, pues es lo que ayuda a mejorar el interior de las instituciones.
Abogada constitucionalista.