Esta semana se presentará el proyecto de presupuesto 2019 a la Asamblea Legislativa. Hoy le corresponde a los diputados deliberar y aprobarlo.
En la columna anterior me referí a uno de los puntos del presupuesto que habrán de discutirse: La forma de pagar una deuda de bonos por US$800 millones que vence el 1 de diciembre de 2019, y una posible redención voluntaria anticipada por US$284.46 millones, que probablemente deba pagarse en julio y agosto de ese año.
La forma que se propondrá para pagar esas obligaciones será emitiendo más deuda. Pedirán que con el presupuesto se autorice una emisión de bonos (otra vez), y así se evitaría hacer el pago con ingresos corrientes, lo que llevaría a reducir el gasto público. Resulta más cómodo pagar deuda con deuda (otra vez), tirar la pelota para adelante (otra vez), y con ello continuar inflando la burbuja.
El argumento para alcanzar los votos es limpiarle la mesa al próximo presidente, y que este pueda gobernar sin la obligación de pagar esa deuda. Es un motivo seductor para los partidos políticos. Por lo menos tres candidatos presidenciales tienen posibilidades de alcanzar el poder, y les resulta atractivo (a ellos y a sus círculos) gobernar sin esa presión fiscal. Así gastarían su dinero (de usted) con mayor margen de maniobra.
Pero en la columna anterior decía que la decisión que escojan los diputados enviará un mensaje: “Si optan por emitir deuda, el mensaje es que usted siga pagando. Si eligen el ajuste, el Estado asumiría (finalmente) que ya le toca a él reducir el gasto para cumplir con sus obligaciones”.
Para conocer al Estado a quien le estaríamos inyectando más dinero al autorizarle más deuda nos puede ser útil el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM). En él se evalúan distintos aspectos de 137 países.
En una de las áreas —Instituciones— el FEM ha elaborado un indicador: Desviación de Fondos Públicos. Con él intenta contestar esta pregunta: “¿Qué tan común es la desviación ilegal de fondos públicos a compañías, individuos o grupos?”. La máxima puntuación es 7, e indica que en ese país no ocurre tal desviación ilegal de fondos públicos.
La evaluación más reciente de ese indicador (2017-2018) puede consultarla en este link: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ146 El primer lugar lo ocupa Nueva Zelanda, con una puntuación de 6.5. El Salvador tiene una puntuación de 2.1, y está en la posición 130.
Por debajo nuestro solo están Colombia, Nigeria, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Chad, y Venezuela. Estamos en el G-8 de países que más desvían el dinero de los ciudadanos de manera ilegal hacia compañías, individuos o grupos. La mano visible de nuestro Estado parece ser bastante porosa al administrar el dinero de los ciudadanos.
Bastiat decía que el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás. Esa cita parece describir con bastante precisión a nuestro Estado.
Intentarán conquistar nuestra anuencia para autorizar más deuda con los argumentos usuales: el Estado vela por el bien común y debemos destinar más recursos a educación, salud y seguridad. La pregunta que debemos hacernos es si, siendo parte de ese G-8, resulta sensato darle aún más dinero a los políticos. Y es que, nos guste o no, son ellos quienes finalmente administran el dinero que, vía impuestos o deuda, se le entrega al Estado.
Abogado
@dolmedosanchez