Tras la crisis financiera de 2008, Costa Rica adoptó una “Política de Endeudamiento” (01/06/2009) que después actualizó con una Guía “para ayudar a los responsables políticos a optimizar el uso del endeudamiento público y considerar reformas para fortalecer la calidad de la gestión de la deuda pública y reducir la vulnerabilidad del país ante las crisis internas y externas, con independencia si son estructurales o de naturaleza financiera”. La Guía identificó, que “la vulnerabilidad es a menudo mayor en los países con mercados pequeños y emergentes debido a que sus economías son menos diversificadas, poseen una base más pequeña de ahorro financiero interno, sistemas financieros menos desarrollados, que pueden ser susceptibles al contagio financiero a través de los flujos de capital”.
Palabras más palabras menos, esta Guía puede ser compartida, universalmente, pero se ha difuminado para algunos gobiernos por el coronavirus. ¿Es el caso de El Salvador?
El gobierno 2019-2024 supo por la calificadora Moody’s sobre el escaso margen de maniobra en función de las débiles finanzas públicas, el limitado acceso al financiamiento externo y el tamaño de la deuda pública que Sánchez Cerén elevó al equivalente del 70.7 % del PIB al cierre del 2018. Moody’s informó al gobierno sobre el alto riesgo político y le recomendó evitar confrontaciones innecesarias. También el gobierno sabía, por su Ministro de Hacienda, de la Ley de Responsabilidad Fiscal (noviembre 2016).
La crisis constitucional e institucional derivada de los sucesos del 9 de febrero condujo al país hacia la crispación que las calificadoras aconsejaron evitar. Las alarmas por El Salvador se encendieron en Washington D.C. y Bruselas cuando el coronavirus ni se llamaba COVID-19.
El 26 de marzo pasará a la historia por el lazo gobierno-diputados para aprobar: el decreto 607 que suspendió temporalmente la Ley de Responsabilidad Fiscal y “la aplicación de los parámetros y metas fiscales requeridas en dicha ley”; y, el decreto 608 para que el Ejecutivo obtenga US$ 2 mil millones a través de “la emisión de Títulos Valores de Crédito…a ser colocados indistintamente en el Mercado Nacional o Internacional, o bien, por medio de la contratación de Créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas opciones, hasta completar el monto que se autoriza”.
No sabemos si existían ahorros, o los ahorros podrían configurarse reorientando el presupuesto de la nación, para así invertirlos en el alivio fiscal y económico de los hogares y en la protección de empleos y empresas desde pequeñas a grandes. Optaron por más deuda sin un marco mínimo de gestión basada en resultados. Endeudarse no es malo, pero Moody’s advirtió que El Salvador no tenía condiciones para endeudarse sustancialmente más.
En el 608 presentó líneas generales vagas: 30% para los gobiernos municipales y el 70% “para atender la Emergencia, en adición se podrá además asignar para el programa de trasferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnerables; cubrir las deficiencias de ingresos del presupuesto 2020 generadas por el COVID-19; e incorporar los recursos al Presupuesto General del Estado 2020. Implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia; para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y sector agropecuario en general; para un programa de subsidio de pago de planilla de empleados que se vean afectados por la declaratoria de Emergencia Nacional y Cuarentena Nacional y sus efectos”. Las MIPYMES se quedaron esperando su plan de alivio mientras miles de hogares vulnerables no recibieron el bono de US$ 300.
Callado, el 28 de marzo, el gobierno colocó US$ 426 millones en Letras del Tesoro (LETES) para las que Moody’s había señalado que el tope estaba cerca el 2019. El 77% de LETES fue colocado a una tasa de interés del 9.4%, el resto a 9.5%. Tasas de usura vistas local o internacionalmente.
No se conoce informe sobre los Títulos, pero sí un indicador: Amherst Pierpoint Securities, empresa corredora global, informó que el decreto 608 provocó la caída de 9.2 centavos en cada bono salvadoreño en dólares con vencimiento el año 2050. Una vocera de Amherst explicó que la baja del precio es “un rechazo de cualquier nuevo suministro” por parte de los tenedores de bonos y estrecha la perspectiva para más Títulos (13/04/2020). El último día de abril, la calificadora Fitch ratificó a Amherst al rebajar la perspectiva de la deuda a “negativa”, es decir, “deuda basura”.
Desoyendo toda racionalidad, el gobierno solicitó US$ mil millones más de deuda que los diputados aprobaron el 5 de mayo (decreto 640). El 640 sí detalla sectores beneficiarios de ser colocados esos Títulos, algo que no sabemos si ocurrirá parcial o totalmente, y a qué tasas.
En el curso de la pandemia, Panamá fue el primer vecino en emitir Títulos: US$ 2,500 millones con vencimiento a 35 años a una tasa del 4.5%. Luego, México colocó deuda en dólares para 30 años al 5.5%.
Sin saberse si la deuda será utilizada eficazmente, los límites internacionales despertarán a la realidad al gobierno salvadoreño. Su irresponsabilidad ante el COVID-19 se une a la contracción económica nacional de -5.4% (FMI), a la recesión económica en EEUU y su pérdida de 33 millones de empleos (07/05/2020), al shock sobre los compatriotas que trabajan en ese país y la caída de remesas. El hambre generará migración. Hablar de desarrollo se posterga al siguiente quinquenio.