Carta a las autoridades de Seguridad, jueces de vigilancia penitenciaria y las Procuradurías: Desactiven la bomba de tiempo

Por Paolo Luers
Periodista

May 29, 2020- 17:44

Estimados funcionarios responsables de que en el Sistema Penitenciario se garanticen la salud, la vida y los Derechos Humanos:

Pasó lo que muchos advertimos: el Coronavirus entró a las cárceles. Y con el hacinamiento y las precarias condiciones de salubridad, nuestros penales son el cultivo ideal para una propagación masiva del virus. Una bomba de tiempo, y la mecha ya se encendió…

El gobierno ha reconocido 142 reos y 50 trabajadores de la Dirección General de Centros Penales contagiados por el virus. Estos números corresponden a solamente 4 instalaciones penitenciarias: Mariona, Quezaltepeque, San Vicente y el pabellón penitenciario del Psiquiátrico. En estos 4 lugares, el Ministerio de Salud también registra 945 internos clasificados como casos sospechosos, lo que representa a más de la mitad de los 1,640 casos sospechosos a nivel nacional. No hay ninguna información oficial que indique que en los demás penales se haya realizado pruebas de COVID-19.

Mas dramática todavía es la situación en las bartolinas de la PNC. Hasta ahora se ha reportado contagios masivos en algunas bartolinas, y a pesar del alto porcentaje de contagios entre los agentes de la PNC no han sometido a pruebas a todos las demás privados en libertad en custodia policial.

Expertos en salubridad penitenciaria reiteradamente han señalado a las autoridades la necesidad de crear un hospital penitenciario para poder aislar a los internos contagiados. Los intentos de aislarlos dentro de las cárceles con alto grado de hacinamiento están condenados al fracaso. También hay que preguntar a las autoridades competentes por qué se han traspapelados los planes bastantes avanzados de reducir la población penitenciaria concediendo libertad condicional a los viejitos, enfermos crónicos y otros que no representan amenazas a la seguridad pública. Los jueces de vigilancia, la Procuraduría General y la de Derechos Humanos deberían de retomar estos planes y proponer una legislación transitoria a la Asamblea Legislativa. Se estipula que se podría reducir la población penitenciaria en un 25%.

No hay que olvidarse que el Estado, al privar de su libertad a un ciudadano en una bartolina, en un penal o en un Centro de Contención, asume la responsabilidad de asegurar su salud y su vida.

En general se puede observar que un alto porcentaje de los contagios de COVID-19 se originan en instituciones que están al 100% porciento bajo el control del gobierno: Hospitales públicos, Centros de Contención, PNC, bartolinas, FAES… y ahora los penales. Estos son los focos de contagio que van en ascenso, mientras que en la población general han llegado a su tope. De los 1,221 casos activos reportados por el Ministerio de Salud 500 corresponden a la PNC, 192 al Sistema Penitenciario y no sé cuántos a las bartolinas y la Fuerza Armada. En este sentido la insistencia del gobierno en endurecer la cuarentena domiciliar parece fuera de lugar. Mas vale que el gobierno se encargue de prevenir el contagio en las instituciones bajo su control.

Talvez con la intervención de todas las instituciones involucradas todavía se puede desactivar la bomba de tiempo en los penales.

Saludos, Paolo Luers

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