Excelentísimos funcionarios:
Varios de ustedes están felizmente aprovechando sus cargos, fondos públicos, su aparato institucional y sus canales de comunicación para posicionarse como candidatos en la campaña electoral que viene:
– Mario Durán, ministro de Gobernación
– Suecy Callejas, ministra de Cultura y ahora adicionalmente presidenta del ISDEMU (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer)
– Luis Rodríguez, comisionado presidencial para proyectos estratégicos
– Ernesto Castro, secretario privado del presidente de la República
A estos se suman varios viceministros y funcionarios gubernamentales de menor jerarquía:
– Yesenia Hernández, viceministra de Desarrollo Social
– Dennis Salinas, viceministro de Gobernación
– Víctor Martínez Santana, gerente de Cultura Ciudadana en Gobernación
– Marcela Pineda, directora general de INJUVE (Instituto Nacional de Juventud)
– Dania Abigail González, subdirectora del INJUVE
Además corren como candidatos de Nuevas Ideas una gran cantidad de empleados del gobierno, entre ellos los jefes de comunicación de varios ministerios. Una investigación de la revista digital Gato Encerrado (la que el presidente dice no conocer, pero sí ataca) revela que un 37% de las candidaturas de NI son funcionarios o empleados del gobierno, más un 7% que es contratista del Estado.
Todos ellos, incluyendo los contratistas del Estado, deberían leer con detención el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe ser candidatos a los contratistas del Estado, los ministros, viceministros y funcionarios que ejercen jurisdicción.
A los ministros y viceministros, si quieren ser diputados, les deja la opción de renunciar 3 meses antes de las elecciones, o sea lo más tarde el 28 de noviembre. No está muy claro a quiénes de los demás funcionarios aplica la cláusula de haber ejercido jurisdicción.
Así que muchos de ustedes tienen la obligación legal de renunciar a sus cargos gubernamentales a más tardar finales de noviembre. Pero el Código Electoral, en su artículo 184, dicta que los empleados públicos no pueden valerse de sus cargos para fines partidarios. Cualquiera que tome en serio esta prohibición legal hubiera renunciado a su cargo y a sus prebendas lo más tarde el día que fue postulado como candidato por su partido, o incluso el día que se inscribió como precandidato en las elecciones internas de su partido.
Ya sabemos que el espíritu de las leyes les vale madres. Ni hablar de la ética que debería guiar a todo funcionario público. Independientemente de lo que la Constitución y el Código Electoral le exija a cada uno de ustedes, la ética gubernamental debería haberlos motivado a separarse de sus cargos en el momento de meterse en precandidaturas y candidaturas.
Pero todo esto para ustedes es paja. ¿Qué le voy a decir a los que obviamente no creen que la política y el servicio público tienen que guiarse por principios éticos y, por supuesto, por las leyes? Sólo les puedo decir que tarde o temprano, la gente va a detectar su manera inmoral de hacer política y se va a dar cuenta que esta falta de principios es el inicio de la corrupción, y algún día se les va a cobrar.
Y todavía no he hablado de la parte material del abuso que hacen del poder, por ejemplo de los activistas partidarios e incluso candidatos, que reparten paquetes solidarios y otras dádivas o beneficios del gobierno.
Si todavía les queda una pizca de pena, renuncien mañana a sus cargos y al acceso a bienes gubernamentales. Entren a la campaña como ciudadanos comunes, como debería ser…
Saludos de Paolo Lüers