La Asamblea aprobó el martes pasado una reforma al decreto legislativo que contiene el Fideicomiso para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia, llamado Firempresa. En ese cambio se incluye el subsidio del aumento al salario mínimo para empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, para algunos analistas consultados por El Diario de Hoy, aunque el decreto legislativo indica que el subsidio se financiará con ingresos del Ministerio de Hacienda que serán trasladados de forma directa al Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), no hay certidumbre de que esos recursos existan.
La economista Tatiana Marroquín explica que ante esa incertidumbre el gobierno puede recurrir a más deuda o empieza a recortar el presupuesto de ministerios.
“Tendrían que hacer una reforma presupuestaria y quitarle a algo para trasladarle $100 millones a Firempresa o a través de deuda, pero $100 millones sobrantes no hay en el presupuesto”, aseveró Marroquín.
El experto en economía, Rafael Lemus, señaló en esa misma vía que uno de los movimientos más frecuentes de un gobierno insolvente y con poco margen de maniobra para seguir adquiriendo préstamos es comenzar a retrasar el pago a proveedores del Estado.
Ambos analistas subrayan que el gobierno ha usado el mecanismo de emisión de Letes (Letras del Tesoro) y Cetes (Certificados del Tesoro) basándose en la autorización que recibió de la Asamblea anterior para cubrir la brecha presupuestaria de 2021.
Es así como los niveles de esa deuda han crecido exponencialmente elevando el riesgo crediticio del país, por lo cual a El Salvador le está siendo cada vez más difícil contraer préstamos con la banca internacional que serían menos caros que los de deuda de corto plazo como los Cetes que están siendo pagados a un interés más alto del 7.5% por el riesgo país para cubrir deficiencias de la caja fiscal.
Marroquín dijo que según datos del Ministerio de Hacienda la deuda de corto plazo entre Cetes y Letes desde enero de 2021 a julio de 2021 oscila en más de $1,500 millones.
Sin embargo, los datos de Hacienda en su sitio web no reflejan la deuda de corto plazo hasta junio de 2021, sino de enero a marzo del presente año, detallando que, a esa fecha, Hacienda ha emitido en Letes $1,424 millones.
Marroquín expresó que paradójicamente el gobierno tuvo que financiar Firempresa con emisión de Cetes el año pasado, ya que los fondos del Fideicomiso originalmente fueron usados también como excusa del gobierno para subsanar déficit presupuestario.
Pero estos se vencen y tienen que ser pagados en septiembre, justo un mes después de que entre en vigencia el subsidio del aumento al salario mínimo para las MIPYMES, de allí surge la duda de que si en realidad el gobierno podrá cumplir con su promesa a las micro, medianas y pequeñas empresas y con el agravante de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener cerca de $1,300 millones de apalancamiento financiero está congelado.
“Para financiar Firempresa lo que hicieron fue emitir Cetes el año pasado, en septiembre se vencerán la mayoría, ahora tiene que negociar que les den un año más a las personas que les prestaron o encontrar deuda de largo plazo para poder complementar eso, pero de largo plazo tiene que ser el FMI o el Banco Mundial, pero en esas está difícil porque los requerimientos que piden no se adecúan al manejo de fondos públicos poco transparentes que está haciendo el gobierno, les tocará emitir bonos en el mercado internacional que es deuda de largo plazo”, analizó Marroquín.
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Añadió que también se establece en el dictamen que los fondos serán traslados de forma directa a Bandesal, lo cual califica de “inconstitucional”, ya que la Asamblea aprueba las reorientaciones de fondos; sin embargo, para el economista Lemus, ese aval se dio el mismo martes con la aprobación de la reforma al Fideicomiso.
Hay también un poco de incertidumbre de si los $100 millones serán suficientes para subsidiar la totalidad del 20% del incremento salarial que entraría en vigor a partir del 1 de agosto.
Según Marroquín, en un principio el gobierno estimó que serían $75 millones, luego lo subió a $100 millones y hay otros analistas que opinan que se requieren $150 millones para apoyar a las MIPYMES.