El retraso de una respuesta judicial por parte de la Sala de lo Constitucional en un caso judicial podría exponer al país a una demanda internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de no menos de $49 millones.
El banco multinacional británico HSBC, en su Holding de Latinoamérica (HLAH), a través de sus representantes legales, envió el 17 de diciembre de 2020 una carta dirigida al presidente de la República, el Fiscal General de la República y al presidente de la Corte Suprema de Justicia en la que notifican sobre una “controversia” que surge de un proceso judicial con la empresa salvadoreña Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía (IJASAL) en la que el banco afirma que han encontrado “demoras inusuales e irrazonables” por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En la notificación, el banco recuerda a las autoridades que en 1999 el país suscribió un Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones con el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, abreviado con las siglas APPRI UK-El Salvador.
LEE TAMBIÉN: Sala Constitucional le reitera a Bukele que no puede cerrar la economía del país
“El Salvador asumió explícitamente la obligación internacional de acordar un tratamiento justo y equitativo en su territorio a inversores del Reino Unido, incluyendo la obligación de protegerlos contra todo trato arbitrario y discriminatorio”, refiere el documento.
“La conducta de ciertas cortes de El Salvador en este asunto, incluyendo su máxima autoridad judicial, configura una denegación de justicia a HLAH y constituye un tratamiento inequitativo, injusto, arbitrario y discriminatorio por parte de El Salvador. La violación de estas obligaciones internacionales significa que El Salvador deberá resarcir a HLAH con fondos públicos por las pérdidas causadas como resultado de su conducta”, refiere el documento.
En la carta el Banco le notifica a las autoridades sobre esta controversia y les avisa que si no es resuleta en un plazo de tres meses desde la fecha de la emisión de la carta, el banco iniciará un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) “sin aviso ulterior”.
“HLAH espera que la Cámara Constitucional de la Corte Suprema resuelva pronto el recurso que tiene pendiente ante sí relacionado con la controversia de forma tal que no sea necesario recurrir al CIADI. Si la controversia no es resuelta satisfactoriamente, HLAH iniciará el arbitraje correspondiente”, advierte.
El caso
Según un resumen cronológico hecho por el banco, HSBC celebró en julio de 2007 un contrato de préstamo a la empresa Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía, de Capital Variable. El préstamo era de $2.1 millones.
En junio y octubre de 2008 HSBC El Salvador demandó judicialmente a IJASAL para cobrar la deuda pendiente.
Pero posteriormente IJASAL demandó judicialmente a HSBC alegando que el procedimiento judicial era violatorio de un nuevo convenio. Con ello solitó que HSBC fuera condenado a pagar la suma de $22.7 millones en concepto de daños y prejuicios.
El proceso llegó hasta la Sala de lo Civil que falló a favor de IJASAL ordenando pagar $49.3 millones.
Según el resumen de su denuncia, en el proceso seguido en el Juzgado Primero de lo Mercantil, HSBC no tuvo derecho de participar en la absolución de posiciones.
El banco señala que en vista de las considera violanciones a sus derechos fundamentales, presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional para solicitar que se revirtiera lo resuelto por la Sala de lo Civil.
“La Sala demora entre cuatro y ocho meses para decidir sobre la adminisibilidad de estos recursos”, expone el bufete jurídico que empero, la Sala ya tiene una demora de 17 meses sin pronunciarse sobre la admisibilidad del amparo.
Y por otro lado, el proceso de ejecución ha caminado con mucha celeridad. “El Juzgado Primero de lo Mercantil, responsable de la ejecución, emitió un acta de embargo en tan solo dos meses”, señala.
La Sala de lo Constitucional aún no informa si ya admitió el proceso que la entidad financiera internacional alega que se ha detenido.