La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) pidió esta tarde al presidente Nayib Bukele que sancione la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores aprobada el lunes por la noche por la Asamblea Legislativa, pues “regula apropiadamente todos los aspectos de la pandemia y la gradual reapertura de la economía”.
Esta ley busca preservar las medidas de distanciamiento social para prevenir el alza en contagios de COVID-19, al tiempo que incluye cuatro fases para la reapertura de la economía.
“El sector privado y la población nos encontramos en medio de un choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, precisamente cuando necesitamos tener seguridad en el marco jurídico que aplicará a partir de esta noche que termina la Ley de Cuarentena”, dijo el presidente de la gremial, Javier Simán.
Destacó que todos los salvadoreños necesitan tener claro cuál es la ley vigente a la cual se deben apegar a partir de este miércoles que terminan los decretos que imponían las restricciones implementadas por el gobierno.
La ANEP hizo un llamado a los tres órganos del Estado a mantener una relación cordial y una coordinación para bien de todos los salvadoreños.
“Si el presidente (Bukele), aduciendo las razones que fueran, no sanciona la ley, la veta o toma otras medidas que nos dejen en un limbo legal, hacemos un llamado a la población a mantener la prudencia, las medidas sanitarias, el distanciamiento social y respetar con disciplina los protocolos sanitarios en cada una de las empresas”, concluyó Simán.
Simán dijo que el sector privado está preocupado por la salud de los salvadoreños, pero también por la situación económica, pues tras 60 días de cuarentena ya no tienen ingresos para alimentar a sus familias. “Seguimos sosteniendo que la prioridad es la salud y que nada nos previene de tomar medidas que alivien la crisis económica de esos miles de hogares que no han podido ganar el sustento diario”, afirmó.
En ese sentido, la gremial ha venido proponiendo medidas de alivio económico y señalando la urgencia de una apertura gradual con protocolos sanitarios, a fin de que los salvadoreñas s puedan salir a ganarse sus ingresos de manera ordenada y planificad que garanticen un menor riesgo de contagio.
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Las empresas que fueron autorizadas a operar por el Ministerio de Trabajo han mantenido estrictas medidas de protección sanitario que garantizan un trabajo seguro y sin contagio para los trabajadores.
Simán recordó que ANEP es desde 1966 la representante de más de 15,000 empresas,en mayoría son pequeños y medianos negocios, por lo que en representación de “todos ellos queremos reiterar nuestra voluntad de colaborar con el gobierno y demás actores políticos, para que todos juntos lleguemos a acuerdos sobre la mejor manera de proteger la salud de los salvadoreños sin que eso tenga más impacto en sus empleos y sus ingresos”.
Añadió que en medio de esta situación es importante dejar de lado cualquier diferencia y trabajar por un solo propósito: salvar vidas y empleos. ambos aspectos están relacionados con la vida y el bienestar de los salvadoreños, sobre todo, de los sectores más vulnerables.
Gabinete adelanta veto a la Ley de atención al COVID-19 y reapertura
El equipo jurídico de la Presidencia hizo eco a las declaraciones de Nayib Bukele, quien la noche del lunes adelantó que vetarán el decreto legislativo 645 que fue aprobado anoche con 63 votos.
Este decreto contiene las bases de una reapertura económica en cuatro fases, además de establecer un consejo ciudadano que supervise las estrategias del Ministerio de Salud para atender la emergencia y regular las cuarentenas obligatorias, que no deberán exceder las dos semanas.
El equipo jurídico de la Presidencia confirmó que han recibido el decreto legislativo, que lo están estudiando pero que se mantiene la intención de vetarlo.
Sin embargo, a juicio de juristas como Manuel Escalante Saracais, de la UCA, este es el camino indicado para poder atender la crisis actual. En vista de que sea necesario realizar algunas suspensiones que corresponden a un decreto de Emergencia, es necesario que toda medida cuente con el aval del legislativo.
“El Presidente debe informarle a la Asamblea sobre la situación y la declaración de Emergencia, para que esta decida qué hacer, si emite o no una declaratoria de emergencia nacional, en función del alcance que la emergencia requiera”, explicó el doctor en derecho constitucional.
Asimismo, el equipo jurídico de la Presidencia reiteró lo que el mandatario anunció el lunes, que la reapertura podría empezar el 6 de junio, tras dos semanas más de cuarentena estricta.