La nueva ley aprobada ayer para subirle el precio a los aranceles por trámites de registro de medicamentos y otros servicios provocaría que el sector farmacéutico en el país tenga que dejar, incluso, de producir medicinas para enfermedades crónicas debido a los altos costos que les implicará.
Así lo advirtieron altos representantes de la industria químico farmacéutica que solicitaron conversar con El Diario de Hoy en privado y de forma confidencial -por temor a represalias- para exponer las implicaciones no solo económicas para el sector, sino para la salud de la población ante la normativa que aprobó este martes la Asamblea Legislativa oficialista y que entrará en vigencia en enero 2024.
El Ministerio de Salud envió el pasado 25 de agosto la propuesta de Ley especial de precios por servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), mediante la cual establecen una nueva tabla de aranceles para trámites de registro de productos farmacéuticos, cosméticos e higiénicos, así como de dispositivos médicos y tecnologías sanitarias, entre otros servicios.
De acuerdo al nuevo pliego de precios que propuso Salud, por ejemplo, obtener el registro sanitario de productos farmacéuticos que actualmente les cuesta $500 pasará a costar $1,500; para productos nacionales ahora pagan $300 y la nueva tarifa sería de $600; o un análisis de laboratorio por un principio activo que ahora les cuesta $543.58 subirá a $1,200; la renovación por la que actualmente cancelan $86 valdría $600… y la lista es extensa.
Medicamentos | Asamblea aprobó ley que eleva precios a trámites de productos médicos
Ante esos precios que cobrará el gobierno, bajo el argumento de “garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los productos objetos de regulación para la población”, representantes de la industria reaccionaron preocupados, pese a que veían venir una propuesta como esa, pero lo que no esperaban es que los incrementos sean del doble o hasta el triple.
De acuerdo a los cálculos que hacen en el sector, las autoridades de Salud pasarían de recibir un promedio de $5 millones a recoger $30 millones anuales por los servicios que les cobran a los farmacéuticos, a través de la DNM.
“Con esto están haciendo desaparecer la industria farmacéutica en el país. Es un tiro de gracia”, expresó uno de los representantes.
Los industriales expresan que están entre la espada y la pared porque aunque les suban los costos no pueden trasladar los aumentos a los consumidores, debido a que hay una regulación de precios de los medicamentos y no pueden salirse de esos parámetros establecidos en la ley vigente desde 2013.
“Los precios para el público están regulados, no podemos incrementarlos nosotros, es decir, si incrementan los aranceles nosotros no podemos aumentar precios. Esa situación es la que preocupa a todo el gremio de industriales farmacéuticos”, señaló otro de los representantes.
Dejarían de producir medicamentos clave
Ante esa situación, una de las alternativas que barajan en el sector químico farmacéutico, si los costos se les elevan demasiado, es dejar de producir medicamentos comunes para enfermedades crónicas que padecen los salvadoreños, alertaron.
“Lo que va a pasar en la industria cuando se haga un estudio económico de cada uno de los productos es que se van a dejar de producir los que no son rentables…”, advirtió otro de los industriales que participaron en la reunión con este medio.
Y otro de los presentes acotó: “La escasez de medicamentos para enfermedades crónicas sería crítica. Un alto porcentaje de la población después de los 40, 50 años, ocupa medicamento crónico”.
¿Qué tipo de medicinas y para qué tipo de enfermedades podrían dejar de fabricar? se les consultó y explicaron que la variedad que se produce localmente es grande, pero que se tendría que pensar en los que más costos signifiquen con la nueva tabla de precios que pidió Salud.
Por ejemplo, indicaron que hay medicinas para enfermedades de la tiroides, para la presión arterial, diabetes, colesterol, triglicéridos, glucosa… y otras que son de uso frecuente entre los salvadoreños, las cuales estarían en evaluación por sus costos.
“Va a haber riesgo de que no se produzcan” a nivel de la industria nacional, pero que tampoco se traigan del extranjero porque a los importadores también les resultaría caro introducirlas al país con los nuevos aranceles, vaticinaron.
“Los costos nos están ahogando ya, más estos incrementos que vienen de aranceles podrían hacer que ya no sea viable la continuidad del negocio”, expresó con tono preocupado uno de los representantes del sector.
Los impactos económicos
De acuerdo con los industriales que conversaron con El Diario de Hoy, dentro del sector farmacéutico operan actualmente unos 30 laboratorios en el país, pero prevén que al entrar en marcha la ley especial de precios de la DNM se podrían quedar funcionando solo la mitad de esas empresas debido al impacto económico que significaría.
De llegar a suceder eso, indicaron que la implicación en las fuentes de trabajo sería trágico, porque calculan que cada laboratorio emplea a por lo menos 400 personas, es decir que unos 6,000 trabajadores se quedarían sin empleo solo en ese rubro dentro de la industria. Incluso hay laboratorios que tienen hasta 1,000 empleados permanentes.
“Quieren castigar al sector sin darse cuenta que estarían cerrando fuentes de trabajo”, expresó uno de los representantes durante la reunión privada.
Pero los industriales explicaron que el sector químico farmacéutico genera también miles de trabajos indirectos que se verían perjudicados, como proveedores de servicios de diferentes rubros; y eso además impactaría en la economía del país, pues es una industria que aporta a la producción nacional.
Un reciente informe de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar) detalló que el sector generó 6,522 empleos en 2022 y que exportó $169.4 millones el año pasado, aunque en 2021 habían vendido $190.5 millones.
Los representantes destacaron que de los ingresos que genera el sector farmacéutico, entre el 45% y 48% van al gobierno en concepto de los impuestos que pagan mes a mes.
A eso le suman que como efecto de la pandemia los costos ya les habían aumentado en un 300% por las subidas de precio de materias primas, explican.
“Eso ha hecho que la industria esté contraída”, afirmó otro de los farmacéuticos.
Según las crifas que manejan, debido a la pandemia ya habían reducido alrededor de un 25% los empleos en el sector.
El contrabando, otro mal que les afecta
Otro desafío que enfrentan, según señalaron los industriales, es el contrabando de medicamentos en el mercado salvadoreño que no se encuentran en farmacias, porque son productos que han dejado de ingresar por sus altos costos.
A eso le suman que en la normativa que impulsó el gobierno se contempla que la importación de artículos para uso personal por un monto no mayor de $365 estarán excentos del pago de los nuevos aranceles, lo cual en el sector consideraron que podría fomentar una especie de “mercado negro” porque se comprarían productos sin pagar aranceles y luego venderlos a mayor precio.
Otra de las exenciones aprobadas es que las entidades que presten servicios de salud autorizados y gratuitos no pagarán aranceles.
Por todo ello, los farmacéuticos pedían al gobierno ser escuchados previo a que se aprobara la ley para exponer todas las aristas en juego para el sector con una medida como esa.
La Comisión de Hacienda, que discutió la ley en una sola sesión este lunes, invitó a representantes de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar) y de la DNM para revisar la normativa. Los invitados solicitaron que se aplique la normativa de forma gradual a partir del otro año.
Y de acuerdo a los cálculos que hacen las fuentes del sector que hablaron con El Diario de Hoy, el impacto anual para los industriales farmacéuticos, con la tabla de nuevos precios por los servicios de la DNM, sería de unos $25 millones. “Es un riesgo que esos cobros a discreción quiebren la industria”, señaló uno de los representantes.