El fideicomiso para la recuperación de las empresas salvadoreñas, aprobado por ley el pasado 9 de julio, tiene tres componentes básicos bajo los cuales se administrarán $600 millones, cuyo consejo de administración está formado, mayoritariamente, por representantes del mismo gobierno.
La propuesta original tenía un consejo formado además por representantes del sector privado.
Según la ley con la que se creó el fideicomiso, dicho consejo está compuesto por un director presidente propietario designado por el Ministerio de Hacienda y cuatro directores propietario designados por el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Turismo y otro por el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAES). Este consejo es el encargado de la dirección y supervisión de las actividades del fideicomiso, según la ley, es decir de manejar el dinero.
Pero además hay un comité de veeduría (mecanismo de control) el cual debe ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el fideicomiso.
En este están un representante de Fundación Nacional del Desarrollo (FUNDE); un representante de las asociaciones gremiales más representativas de la contaduría y auditoría, legalmente constituidas en el país; un representante de la Universidad de El Salvador (UES); un representante de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES) y un representante de la Cámara de Comercio, quienes este lunes asistieron a la Asamblea para conversar sobre sus funciones, de acuerdo a la ley.
Una de esas funciones será dar informes mensuales a la Asamblea y a la ciudadanía en general, a través de los medios de comunicación masiva en todo lo que corresponda sobre la implementación y ejecución del dinero asignado para las mipymes.
El comité de administración del fideicomiso que propuso en un principio el Gobierno contemplaba que el consejo de administración fuera presidido por los ministerios de Economía Hacienda, Turismo, el Banco Central de Reserva y que incluyera un representante de la Cámara de Comercio. Pero dirigentes de esa gremial desistieron de formar parte del consejo que proponía el Ejecutivo porque excluía a la ANEP por “razones políticas”.
De hecho, el presidente de la ANEP, Javier Simán, defendió en aquel momento que representaban a 55 gremiales compuestas por 15,000 empresas del país y que un 94% de ellas son pequeñas y micro empresas.
El Gobierno ya había intentado formar un comité fiscalizador para el manejo de los $2,000 millones destinados al combate de la pandemia, pero los representantes de la empresa privada y la academia en dicho comité renunciaron tras denunciar que no pudieron hacer un trabajo de contraloría de los fondos porque el Gobierno nunca les proporcionó información del manejo de los recursos.