Destinar $205.3 millones para implementar el uso del Bitcoin a partir del 7 de septiembre será una carga fiscal más a las débiles finanzas salvadoreñas y además es dinero de los contribuyentes que no se usará para rubros de alta prioridad como salud y educación, explican varios economistas.
La economista Tatiana Marroquín explicó que la petición que ha hecho el gobierno de Nayib Bukele a la Asamblea oficialista para reorientar $500 millones del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en realidad es aumentar la brecha presupuestaria de 2021 en $500 millones más y elevar más el déficit fiscal.
De esos fondos, $205.3 millones serán destinados a implementar el Bitcoin en el país, ya que $150 millones irán para el fideicomiso que manejará Bandesal (Banco de desarrollo de El Salvador) para financiar la conversión de dólares a bitcoins y viceversa; otros $30 millones serán para dar un bono de $30 por usar la billetera digital del gobierno.
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Pero además destinarán $23.3 millones para el proyecto llamado “criptofriendly”, es decir para los quioscos y cajeros de Bitcoin; y $2 millones más serán para que la Siget (Superintedencia general de electricidad y telecomunicaciones) adquiera tecnología en telecomunicaciones para el Bitcoin.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó la petición de trasladar esos fondos del préstamo del BCIE al presupuesto 2021 para usarlos en los gastos que implicará el lanzamiento del Bitcoin dentro de 13 días.
Marroquín señaló que la reforma al presupuesto que ha solicitado el ministro en realidad lo que hará es “aumentar el presupuesto 2021 en $500 millones” y explicó que un presupuesto solo se puede aumentar si suben los ingresos o si se adquiere más deuda. En este caso será por más endeudamiento.
“Eso tiene muchas consecuencias, porque eso quiere decir que el presupuesto en el que se había logrado reducir la brecha con los cupos de deudas anteriores, ellos lo están aumentando”, explicó Marroquín.
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La economista agregó que eso amplía el déficit fiscal y lo quieren cubrir con el préstamo del BCIE. Además dijo que ahora surge la pregunta de cómo van a pagar las deudas por saldar en septiembre, como los $645 millones en Certificados del Tesoro (Cetes), si están repartiendo dinero en otros rubros, como los $205.3 millones en el Bitcoin, y no se está dejando para pagar compromisos urgentes.
El economista Ricardo Castaneda criticó en su cuenta de Twitter que “en un país donde 1 de cada 3 niños y niñas no tienen acceso a la educación, donde más de 2 millones de personas no tienen certeza que van a comer, el gobierno ha decidido usar $205.3 millones (casi 2 veces el presupuesto de la UES) para jugar al casino virtual”.
Castaneda añadió que “hacer política económica no es jugar Monopoly. Cada decisión puede afectar a millones de personas. Es una absoluta vergüenza que la población tenga que enterarse sobre decisiones tan importantes a través de terceros. La política económica es política, pero también técnica”.
También el economista Rafael Lemus cuestionó que el gobierno sacará los más de $200 millones para poner el Bitcoin como moneda de curso legal de un préstamo del BCIE por $600 millones aprobado en el contexto del COVID-19. “Optó (por) dejar de construir hospitales, escuelas y otras necesidades del pueblo”, tuiteó Lemus.
Además hay economistas como el estadounidense Steve Hanke que siguen de cerca lo que sucede con las decisiones del gobierno respecto al Bitcoin.
El martes, tras conocerse la petición de fondos para implementar la criptomoneda, tuiteó que “El Salvador ha presentado una ley sobre el fideicomiso de $150 millones que “garantiza” la convertibilidad BTC-USD (bitcoins a dólares) bajo la Ley Bitcoin. Pero la nueva ley no dice de dónde vendrán los $150 millones o cómo funcionará la convertibilidad garantizada. Nayib Bukele ¡incompetente, despistado!”.
¿Cuál es el destino de los $500 millones?
En el decreto que Zelaya llevó a la Asamblea se detalla que de los $500 millones que pide reorientar al presupuesto, $425.3 millones van al ramo de Hacienda; $24 millones al Ministerio de Agricultura; $42 millones a Obras Públicas; $21 millones a Anda; $8.2 millones a Economía; $6 millones a Cepa y $500,000 al ministerio de Vivienda.
El préstamo del BCIE fue aprobado el 20 de julio 2020 para “apoyo a medidas de recuperación económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el COVID-19” por $600 millones que se usarían para crear el Firempresa (Fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas).
Pero Hacienda usó dinero del presupuesto para ese fideicomiso y ahora lo quiere reembolsar con fondos del crédito del BCIE, los cuales no estaban programados dentro del presupuesto 2021, según dice en el decreto.
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