El gobierno debe dar información sobre el manejo de los fondos millonarios del Fideicomiso Bitcoin (Fidebitcoin) y de la empresa que maneja la Chivo Wallet “simple y sencillamente porque son fondos públicos”, aseguró ayer el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación para el Desarrollo, Funde-Alac, Wilson Sandoval.
Sus declaraciones se dan en respuesta a la negativa de Bandesal para entregar información sobre las operaciones con Bitcoin que el gobierno ha hecho desde el 7 de septiembre cuando se adoptó este criptoactivo como moneda de curso legal.
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Pese a que los fondos con los que se han comprado hasta hoy un total de 700 son fondos públicos, la Unidad de Acceso a la Información (UAIP) de Bandesal resolvió el 13 de octubre denegar toda la información al respecto.
Entre la información que se denegó, es decir que los ciudadanos no pueden conocer por la reserva, se encuentra el nombre de la institución que compra el Bitcoin en nombre del Gobierno de El Salvador con fondos públicos.
Además de la cantidad de dinero desembolsada para comprar Bitcoin para la entrega del bono de 30 dólares a los usuarios que descargaron y se registraron para usar la billetera gubernamental Chivo Wallet.
Tampoco se podrá conocer las direcciones digitales a las que se depositaron cada una de las compras de Bitcoin realizadas con los fondos públicos que administra Bandesal.
Sandoval reiteró ayer que “la compra de los Bitcoin se está realizando con fondos públicos, no se está haciendo en banca privada, ni con dinero privado; por eso ha habido mucha crítica por comprar Bitcoin, con tanta volatilidad, es como usar el dinero público en una ruleta rusa. Entonces por principio general, la utilización de fondos públicos es información pública”, sostuvo el coordinador Legal Anticorrupción de Funde- Alac.
Por su parte, la abogada Marcela Galeas dijo que “Chivo S.A. de C.V es una empresa creada con recursos públicos, no es una entidad privada porque su capital no es de origen particular, en este caso debería estar sujeta a controles que indiquen a la ciudadanía cómo está siendo usado el dinero, como se perciben las ganancias y las pérdidas y sobre todo transparentar el manejo del fideicomiso porque podría configurarse algún tipo de fuga de capitales mediante su uso”, señaló.
Ayer, el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, justificó que no entregarían información sobre las operaciones Bitcoin porque estas son bancarias y estas están resguardadas por el secreto bancario.
“Nosotros somos un banco y nuestras operaciones son de banca y nuestros fideicomisos tienen el sigilo bancario, que no lo sepan los que han pedido la información me parece un absurdo”, argumentó Durán.
Durán aseguró que esta información no es pública y que si deben entregarla será solo a las instancias supervisoras como la Corte de Cuentas de la República (CCR) o la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
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“Tenemos instancias supervisoras, tenemos una Corte de Cuentas, una Superintendencia del Sistema Financiero, todas las instancias legales que un momento dado requieren información está ahí”, insistió.
Sin embargo sus argumentos difieren con el manejo de información de otros fideicomisos pues, al respecto del Fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas (Firempresa) Bandesal sí ha brindado información sobre la cantidad de dinero entregada a beneficiarios así como sus detalles, por medio de la página firempresa.gob.sv.
Falta de transparencia
Sandoval reitera que es la falta de información uno de los problemas más graves en torno al uso del Bitcoin y la aplicación Chivo Wallet.
“En todo este proceso en el tema de Chivo, en el de la Ley Bitcoin, incluso el expediente que fundamentaba la normativa lo tenían en reserva también, pero eso debería ser la excepción, no la regla principalmente por ser fondos públicos, deben ser conocidos por la ciudadanía y esto del secreto bancario es un artilugio legal y tarde o temprano tendrán que dar esa información”, señaló.
En ese sentido, Sandoval dijo que el siguiente paso es apelar a la Sala de lo Contencioso Administrativo en la Corte.
“Tendrán que resolver la Sala de lo Contencioso administrativo si tienen fundamento legal para poner en reserva esa información, a nuestro criterio no, por que son fondos públicos y debe ser conocido cómo se administran”, aseveró.