Los datos oficiales arrojan que, en términos fiscales, las finanzas del país mejoraron en el último año en lo que respecta a la recaudación tributaria y a la reducción del gasto público, dos aspectos que, según Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, es una señal de que el gobierno ha estado ejecutando una especie de ajuste fiscal disimulado, pese a que el Ministerio de Hacienda no lo ha confirmado de forma oficial.
Según los datos verificados por la institución, el año pasado el país obtuvo una recaudación de impuestos de hasta 20.7%, es decir que por cada $100 generados el gobierno se quedó con hasta $20.70 en gravámenes, un dato que es superior a lo que se había previsto para el año pasado.
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Este aumento en ese indicador, sin embargo, ha sido impulsado también por el contexto de fuerte inflación que atraviesa el país, pues una gran parte de los impuestos que el país recolecta corresponden al IVA, es decir, un impuesto que ha incrementado con la respectiva subida de precios en los bienes y productos de consumo diario.
No obstante, atrás de esos indicadores que podrían entenderse como una mejora para el país hay algo que podría estar afectando a nivel estructural a los salvadoreños, de acuerdo con el análisis que hizo la institución a la ejecución del Presupuesto General de la Nación de 2022 y al presupuestado para este 2023.
Lo anterior debido a que, según el ICEFI, el gobierno le dio más importancia al tema de la deuda para evitar un eventual escenario de impago y optó por hacer recortes en instituciones claves que permiten garantizar el bienestar de los salvadoreños.
Castaneda resume que "lo que hizo el gobierno en 2022 fue priorizar el pago de la deuda sin importar lo que haya tenido que ajustar o recortar, así sea incluso recursos para el área de desarrollo".
En este punto, y pese a que el gobierno ha anunciado aumentos en los presupuestos de años anteriores para estas claves, el análisis del ICEFI apunta a que, por lo menos en 2022, las sumas ejecutadas fueron menores a las presupuestadas, lo que quiere decir que el gobierno invirtió menos en obras públicas, algo que convierte a la situación en un recorte defacto.
¿Pero cuáles son las áreas que han enfrentado estos recortes? Según el estudio de la institución, rubros como el de Agricultura o el haber dejado de pagar la Pensión Básica Universal son algunos de los puntos que demuestran este recorte, los cuales han sido sacrificados para disminuir, precisamente, el gasto del gobierno.
El hecho de hacer recortes en estas dos áreas contribuye a que empeoren dos situaciones que, actualmente, está enfrentando el país, como lo es la inseguridad alimentaria y el índice de pobreza.
Los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022 (EHPM), señala que desde 2019 el porcentaje de pobreza extrema se duplicó en el país, pues pasó de un 4.5% del total de la población a un 8.6% en 2022, un dato que está estrechamente vinculado con el aumento que ha tenido el costo de la vida desde 2021.
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Este último punto está, además, relacionado con la producción agrícola, un sector que, según representantes de gremiales del rubro, no está siendo promovido por el gobierno, algo que podría desembocar en que el país enfrente una crisis alimentaria, ya sea por la escasez de granos o por el encarecimiento de los mismos.
Además de esos rubros, el ICEFI subraya que otros ramos del gobierno que han sufrido recortes son el de Gobernación, Educación, Vivienda y Salud, de los cuales depende mucho el desarrollo social y económico del país.