El precio de los bonos salvadoreños comenzó a mejorar esta semana, aparentemente tras una llamada telefónica en la que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, habría prometido a inversionistas extranjeros que firmarán un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre.
“La llamada del ministro Zelaya con inversionistas y banqueros parece haber impulsado la subida (del precio de los bonos)”, afirmó una fuente cercana a inversionistas estadounidenses que sigue la evolución de este acuerdo.
El bono más próximo a pagar, con vencimiento en 2023, subió a $86.2 mientras que el bono 2050 subió a $70.9 después de haber bajado hasta $65 la semana pasada.
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Sin embargo, economistas nacionales no creen que ya se haya concretado este pacto financiero, debido a que las razones que han detenido al FMI están enfocadas en medidas políticas y seguridad jurídica, que se han agravado con la Ley Bitcoin y que son precisamente las que han provocado la caída en el precio de los bonos en el mercado bursátil.
Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), confirmó en una entrevista radial que al parecer el gobierno salvadoreño está dispuesto a aceptar todas las condiciones que le podría poner el Fondo, pero “vamos a ver si el Fondo Monetario accede a dar este préstamo”, dijo.
Castaneda explicó que “este acuerdo está en el congelador, tanto por el tema de la ley Bitcoin como el deterioro institucional. Imagínense estar negociando con el FMI y paralelo sacas una ley en la cual ni siquiera le informas al fondo monetario”, cuestionó.
En julio pasado ya ocurrió que el gobierno prometió un acuerdo con el FMI en septiembre, pero los planes cambiaron cuando Bukele anunció la introducción del Bitcoin como moneda de curso legal.
El 11 de junio, unos días después de que Bukele anunciara todo su plan para introducir el Bitcoin como moneda, el portavoz principal del FMI, Gerry Rice, advirtió que adoptar el Bitcoin puede implicar “significativos riesgos” por lo que instó a las autoridades a un “análisis muy cuidadoso”.
Más tarde, en julio, Rice indicó que mantenía las negociaciones con el gobierno salvadoreño, pero agregó que estas conversaciones pasaban por analizar la gobernanza económica, la estabilidad financiera macroeconómica, el crecimiento inclusivo y las implicaciones de la Ley Bitcoin”.
Pero sus últimas declaraciones sobre el tema no han dado señales de que esta discusión haya encontrado un punto en común. Rice solo comentó que estos meses el organismo revisará el estado de la economía salvadoreña, pero no precisamente por un acuerdo para financiar al país, sino más bien, una revisión rutinaria del Artículo IV, que indica el estado de las finanzas en general.
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Según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, “el acuerdo está bastante maduro. Estamos esperando algunas observaciones”,dijo hace unos días cuando la prensa le preguntó sobre el avance de este acuerdo.
Una fuente cercana a los inversionistas internacionales afirma que el presidente Bukele le ha dado la orden al ministro de que firme con el FMI a toda costa.
Al pactar este acuerdo, el gobierno recibiría un financiamiento en condiciones favorables de más de $1,300 millones, pero a cambio de cumplir con un ajuste fiscal que implicaría recortes y aumento de ingresos a través de más impuestos.
En 2009 el expresidente Mauricio Funes tuvo un acuerdo Stand-by con el FMI por $790 millones, pero este acuerdo nunca llegó a ejecutarse y luego se disolvió pues el gobierno no estuvo dispuesto a aplicar las medidas correctivas que le recetó el organismo.
Si no hay acuerdo con FMI no hay financiamiento con BID y BM
Otro de los puntos que estaría empujando el acuerdo con el FMI es que, al no tener amarrado un acuerdo con el organismo, otras instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no accederían a darle financiamiento al gobierno.
“Ni el Banco Mundial ni el Banco Interamericano de Desarrollo te van a dar recursos”, recordó Castaneda.
Otros países como Costa Rica y Ecuador, que acumularon déficit fiscales de más del 8 % del PIB tras la pandemia, ya lograron un acuerdo con el FMI, lo que les está permitiendo regresar a una senda de estabilidad económica para reducir su déficit y su deuda.
Costa Rica, por ejemplo, ha logrado que su déficit fiscal sea hoy de 3.4% del PIB, pero para lograrlo ha tenido que ejecutar varias medidas fiscales que implican recortes y aumento de los impuestos.