Poniéndole precio al tiempo que invierte un salvadoreño en diversos trámites con el Gobierno, tales como reunir los requisitos para acreditarse para recibir el subsidio al gas o reponer la tarjeta solidaria en caso de extravío, más el tiempo de espera de la resolución, estos le cuestan a la ciudadanía más de $4 millones al año.
En esa lógica, la emisión de antecedentes penales cuesta $5.1 millones, la matrícula de un vehículo nuevo $16 millones y, en el caso de las empresas que quieran un solo permiso para la importación definitiva de mercancías, el costo total supera los $50 millones.
Dichos datos son parte del ejercicio elaborado por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) que determinó que, en cargas administrativas, los trámites del Órgano Ejecutivo le cuestan $406.9 millones a la sociedad. Es decir, el equivalente al 1.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 2016.
En octubre del año pasado, el Órgano Ejecutivo lanzó el “Proyecto de Simplificación y Registro de Trámites”, con el que para 2020 espera reducir en un 20 % las cargas administrativas que los trámites de 14 ministerios imponen a los usuarios.
Para medir cuánto cuesta la burocracia, el OMR monetizó el tiempo invertido por los usuarios para reunir los requisitos más el tiempo de espera para obtener una resolución. Luego, para determinar lo que ha llamado Costo Económico Social (CES), multiplicó el costo del trámite por la frecuencia, es decir, el número de veces que se realiza en un año.
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Así, se determinó que el 90 % del costo en que incurren los usuarios se debe al tiempo que destinan para reunir los requisitos para el trámite, y el resto en esperar la respuesta. “En promedio, se realizan 164 modalidades de trámites por ministerio, se solicitan 11 requisitos por modalidad, para obtener una resolución se debe esperar 38 días calendario y generan un costo unitario de $1,788.06”, señaló el OMR en un comunicado.
A quienes más les cuestan los trámites son a las personas jurídicas. De las 2,240 modalidades, el 67 % son empresariales con un CES equivalente a $276.9 millones. Por otro lado, las 725 modalidades restantes de trámites son ciudadanos y les cuestan más de $130 millones anualmente.
En detalle, clasificando los trámites que afectan a las actividades empresariales, el Ministerio de Hacienda, Obras Públicas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y la cartera de Salud concentran el 92.2 % del Costo Económico Social total.
Y entre las instituciones que generan mayores cargas administrativas se incluyen, de nuevo, Hacienda, Obras Públicas, Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Agricultura, con un 80 % del costo económico social total.
Hasta la fecha, con el compromiso acordado de reducir las cargas administrativas de aquí a dos años, ocho ministerios han presentado sus planes de simplificación de trámites, aseveró el organismo.
El ejercicio también permitió recopilar la información necesaria para la construcción de un portal que detalle los principales elementos de estos, tales como: fundamento legal, requisitos, tarifas, vigencia, plazos de respuesta entre otros.
Las instituciones que generan mayores cargas
1. Ministerio de Hacienda Con el 47.9 % del costo total, sumó más de $195 millones. Mayores trabas por permisos de importación y de tránsito internacional o interno.
2. Obras Públicas Alcanza los $73.8 millones sobre todo en trámites de matrícula y traspaso.
3. Educación Con $28.7 millones del total. El mayor trámite es la reposición del título de bachiller.
4. Relaciones Exteriores Sobre todo por la expedición de pasaportes, costo sumó $28.3 millones.
5. Agricultura Con $21 millones, la mayoría por autorizaciones fitosanitarias de importación.